Tamara Ernestina Gordon Goldberger
Auditora del Departamento de Control de la Gestión Ambiental
Auditoría General de la Nación Argentina

Celebrando la iniciativa de este blog de la OLACEFS, junto con saludarlos, quiero hacerles llegar una breve reflexión vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y grupos en situación de vulnerabilidad. Este año nos ha interpelado singularmente la pregunta acerca de ¿quiénes son los humanos de los derechos? Este escrito pretende plantear limitaciones que a nivel mundial se presentan para la consecución de los ODS, mencionar problemas que impactan en las metas e indicadores y poner a disposición información relativa a la situación de los pueblos indígenas de la Argentina en contexto de pandemia.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ODS

La conversación en torno de si los ODS conseguirán cumplir con su principio fundamental de “no dejar a nadie atrás” ha tenido nuevas intervenciones desde el comienzo de la actual pandemia. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), desde la OLACEFS, unieron aportes a través de un nuevo aplicativo, www.ods.olacefs.com. A nivel mundial, desde diversos espacios de trabajo, procuraron iluminar los problemas vinculados a “grupos vulnerables”. Tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- como las Naciones Unidas fueron veloces, dejando en claro que el Covid-19 es una crisis ambiental y de derechos humanos. En la perspectiva local, y desde otra óptica, Universidades nacionales e institutos de investigación que trabajan con pueblos indígenas advirtieron sobre problemas de larga data que profundizó la cuarentena por la pandemia, en un informe que describe efectos socio económicos y culturales de la pandemia y del aislamiento social obligatorio (más información en http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf y https://gemasmemoria.com/2020/06/03/segundo-informe-red-gemas/ ).

Por otro lado, organizaciones civiles de la Argentina profundizaron en el posible fracaso respecto de alcanzar las metas ODS en virtud de los incumplimientos vinculados con derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y el derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, el Informe ODS de Argentina 2020, en su página 233, informa que “el refuerzo mutuo entre los ODS y los derechos humanos continúa siendo un reto a plasmar en la planificación, la implementación, el seguimiento y la rendición de cuentas”. Dado que la evaluación y control de políticas públicas incluye a aquellas cuya ejecución colabora con objetivos y metas de ODS, que contemplan el cumplimiento de este tipo derechos, las EFS asumen un compromiso relativo a los grupos “vulnerables”. Esto es así en tanto los DESC constituyen una herramienta ineludible que el Estado debe utilizar en la definición de políticas públicas. En consecuencia, tanto las metas de ODS como las estrategias para su logro, deberían estar implícitamente cruzadas por estas obligaciones internacionales. Eso exige a los organismos de control prestar una mayor atención, de acuerdo a las obligaciones internacionales que cada Estado asumió en materia de protección de DESC, entre otros.

De los aprendizajes en abordajes de ODS vinculados a Pueblos Originarios surge que el carácter integrado e indivisible de la Agenda 2030 cuestiona un reduccionismo o abordaje fraccionario de los objetivos, indicadores y metas, sobre todo para políticas públicas de abordajes complejos.

OBSTÁCULOS PARA LA CONSECUCIÓN DE ODS:

Sin resultar exhaustivos podemos mencionar los siguientes inconvenientes.

A- Cambios de Gobierno: parecen incidir en las apropiaciones de los ODS (adaptaciones respecto de lo acordado internacionalmente), en la definición de indicadores y en las alineaciones con políticas públicas.

B- Mecanismos fiables de medición: algunos problemas respecto de mecanismos válidos de medición continúan trabajándose. Otros han quedado ya expuestos y fueron objeto de conversaciones dentro del nivel nacional e internacional. Resulta ejemplificador el caso de considerar definiciones globales o nacionales de términos como “ciudades”, “áreas urbanas” y espacios “rurales”, en apoyo del monitoreo global de los ODS. Problemas similares de definiciones, caracterización y homologación parecen presentarse con dimensiones vinculadas a la “pobreza”. Existen políticas públicas cuyas definiciones no suelen considerar a la pobreza extrema, o no discriminan qué dimensión de pobreza abordan, lo que dificultaría aportes que pueden realizar para determinados ODS, al considerar una perspectiva holística de los mismos. Las homologaciones entre organismos, entre políticas públicas y ODS y en mediciones que se realizan a nivel regional o mundial deben asegurar el contar con definiciones equivalentes, si fuera necesario. Las mismas cuestiones afectan a las auditorías coordinadas, que suelen acordar los contenidos que asignan a sus definiciones.

C- Desagregación de datos: diversos grupos poblacionales implicados y vulnerables quedan invisibilizados en los indicadores de ODS. No debería considerárselos solamente en los indicadores de las metas que específicamente abordan problemáticas de cada grupo. La falta de generación de fuentes de datos robustas y seguras, que funcionen como líneas de base en políticas públicas articuladas, sigue siendo un problema para muchos países. Los más vulnerables continúan aún más excluidos y rezagados. El análisis de la inclusión de la perspectiva de derechos y desagregación de datos en las intervenciones de política pública, es materia de rendición de cuentas durante el trabajo de control de las EFS.

PARTICIPACIÓN Y PAPEL DE LAS EFS

El trabajo que obtuvo el primer premio en el Concurso Regional sobre Buena Gobernanza, edición 2017 (www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/11/Primer-premio-Argentina.pdf) que fue organizado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buenas Gobernanza (CTPBG), presidida por el Sr. Presidente de la AGN, Licenciado Jesús Rodríguez. Allí se vinculaba a ODS, pueblos indígenas y políticas públicas, interrogando la adecuación de la incorporación de los originarios en los ODS. Además, hubo menciones relacionadas con la falta de acceso a participación. La ausencia de participación en las decisiones constituye un ítem mencionado por estas poblaciones en contexto de pandemia, así como la falta de adecuación territorial y sociocultural de las medidas adoptadas, en relación con la vida de las personas indígenas.

Respecto de las políticas públicas del nivel nacional, suele ocurrir que no siempre aseguran la participación ciudadana dentro de sus normas de creación y/o funcionamiento, nombrando un responsable para dicho fin. Por otro lado, respecto de los ODS, en ocasiones traslada la responsabilidad referida a la participación social a los gobiernos locales. Entendiendo que la finalidad es dar más autonomía a los gobiernos locales en los países federales, la realidad es que los gobiernos nacionales se ven obligados en ciertos casos a brindar apoyo en la medida que la autonomía que confiere la federalización no logró robustez en el aspecto económico. En esta consideración de que existen fondos que son aportados por el nivel nacional, y aún en contexto de pandemia, la rendición de cuentas y el control que las EFS realizan debería someter a examen las medidas adoptadas por la nación para exigir a las provincias y a los municipios rendición de cuentas vinculadas a la calidad de la participación, con estándares mínimos para su puesta en práctica. Los trabajadores de EFS pueden aportar allí en:

  • revisar que en las normas de creación de una política pública se expliciten los responsables de asegurar la participación para el ciclo completo (planificación, implementación, seguimiento, evaluación);
  • Si la responsabilidad recayera sobre el gobierno local, verificar que la Nación tenga algún mecanismo de control implementado para corroborar que se dio cumplimiento a esa participación en tiempo y forma adecuada. Ello también implica a la transparencia, a la gobernanza y la rendición de cuentas en tiempos de pandemia, cada vez que los fondos públicos son otorgados por la Nación;
  • Verificar que se hayan implementado nuevos mecanismos participativos y tecnologías adecuadas para tiempos de pandemia. Los portales de acceso a información pública tampoco suelen tener traducciones en lenguajes indígenas. Afortunadamente, Naciones Unidas colabora con esos aspectos; y,
  • Que la participación esté garantizada durante la pandemia y estén especialmente contemplados y convocados los grupos en situación de vulnerabilidad, cada vez que ello corresponda y con mecanismos adecuados que les permitan participar (edificios accesibles y soportes técnicos adecuados para personas con discapacidad; traductores para pueblos originarios, acceso a internet).

CONCLUSIÓN:

Las EFS realizan una importante contribución asegurando derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos, derechos indígenas e iluminando espacios de vulneraciones, aún más en contextos de pandemia. Los aprendizajes respecto de auditorías vinculadas a ODS y su alineación con políticas públicas son constantes. La evaluación de esa alineación arroja información tan valiosa como la evaluación de la calidad de los indicadores creados a nivel nacional y las modificaciones que los gobiernos realizan en sus adaptaciones respecto de lo acordado internacionalmente. Por su parte, los distintos concursos organizados por la OLACEFS, a través de sus Comisiones, como es el caso de la CTPBG, permiten siempre compartir experiencias, desafíos y hallazgos. Los actuales webinarios sobre Gobernanza Postpandemia, a cargo de la CTPBG, también realizan aportes sobre desigualdad, vulnerabilidades y derechos (https://www.youtube.com/watch?v=J-_1U_AmD5g). Aunque nos queda mucho por aprender y por mejorar, es evidente que hemos consolidado robustez institucional relativa a los ODS. Para mí es un orgullo formar parte de una institución preocupada por los grupos históricamente vulnerados y grupos en situación de vulnerabilidad, que son también los humanos de los derechos: mujeres, niños, niñas, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados, personas con discapacidad, personas de edad, entre otros. La definición de eslabones y nodos críticos constituyen acciones a favor del cumplimiento de los ODS.

Acerca de la Autora:

Tamara Ernestina Gordon Goldberger es Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis de licenciatura analizó la relación entre “personas con discapacidad” y el espacio universitario, obteniendo la calificación máxima. Diplomada Superior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa (FLACSO). Actualmente se encuentra elaborando su tesis de maestría en Políticas Públicas y Desarrollo (FLACSO) donde analiza políticas públicas vinculadas con pueblos originarios. Tiene título de Promotora de ODS (Curso Internacional de formación sobre los ODS, organizado por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). Se desempeña desde el año 2007 como auditora de campo en el Departamento de Control de la Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación, Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso internacional organizado por la OLACEFS (CTPBG) en la edición 2017 y el tercer lugar en la edición 2018.