Antuan Barquet Guillen
Coordinador Nacional de Asuntos Internacionales
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador
Presidencia del Grupo de Trabajo Especializado en la lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) de la OLACEFS

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha obligado a los gobiernos alrededor del mundo, a generar soluciones ágiles que permitan mitigar los efectos económicos de las medidas de confinamiento, en los sectores más vulnerables de la sociedad.

En el caso de América Latina y el Caribe, la implementación de estas ayudas ha sido fundamental, ya que la pandemia surge en un momento de decrecimiento económico. En ese marco, los gobiernos de la región han promovido principalmente: transferencias monetarias, transferencias en especies, exoneración de pago de servicios básicos, alivios tributarios, entre otros mecanismos (CEPAL, 2020). Si bien la pronta emisión de estas políticas es clave para la supervivencia de personas en situación de pobreza; esto supone a su vez, relajar ciertos controles administrativos, por ello, las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben mirar aún más las potenciales vulnerabilidades a la integridad relacionadas a dichos paquetes de rescate.

Instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) y la Oficina de Naciones de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); han realizado importantes publicaciones que ponen énfasis en los controles para garantizar que los programas de ayuda económica se lleven a cabo sin irregularidades. En el caso de la OCDE, el artículo titulado “Integridad Pública para una efectiva para una efectiva respuesta y recuperación del COVID-19”, sugiere medidas de aplicación inmediata como, asegurarse que las oficinas de auditoría externa e interna cuenten con los recursos financieros y funciones necesarias para contribuir al control de gastos durante la crisis (OCDE, 2020). Por otro lado, se menciona que, a largo plazo, las EFS podrían: “(…) apoyar a los centros de gobierno y otras organizaciones públicas, a identificar e interpretar evidencia que permita formular políticas y mejorar la capacidad gubernamental de actual en tiempo real ante diversas problemáticas y riesgos” (OCDE, 2020, p. 8).

A más de coincidir con la relevancia de la fiscalización a estos programas, la UNODC (2020) en su artículo “Rendición de cuentas y prevención de la corrupción en la adquisición y distribución de paquetes de rescate económico durante y post COVID-19”, recomienda a las instituciones públicas, tener objetivos claros y criterios de transparencia para identificar a los beneficiarios, considerar los riesgos en la segmentación de beneficiarios, prever los canales de comunicación para llegar a los beneficiarios y el uso de la tecnología para facilitar los desembolsos. La verificación de estos criterios puede ser relevante para las auditorías que realicen los órganos de control.

Con esa mirada, la Contraloría General del Estado del Ecuador, en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional, ha incorporado en la planificación operativa 2020, una auditoría coordinada a los programas de ayudas económicas en la región en el marco del COVID-19. Esta auditoría, tendrá a su vez, una mirada transversal a la Agenda 2030, contemplando los Objetivos de Desarrollo 1 “Fin de la Pobreza, y 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. Ello tomando, en cuenta que como se ha expuesto, los recursos de los programas para paliar la pobreza se podrían ver afectados por actos de fraude y corrupción.

En ese marco, iniciativas como las auditorías coordinadas, han demostrado anteriormente, el valor agregado de la fiscalización, no solo con la identificación de vulneraciones a los controles, sino con la presentación de buenas prácticas en la gestión de recursos públicos. Asimismo, permiten el intercambio de experiencias y metodologías, impactando positivamente al control gubernamental.

Nota: El GTCT fue creado en abril del 2019 en la OLACEFS, como una forma de hacer frente a la dimensión transnacional de la corrupción, desde el mandato de las EFS desde el mandato de las EFS.

Sobre el autor

Antuan Barquet Guillen es Graduado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, Guayaquil – Ecuador. Especialista en Cooperación Internacional, Proyectos, Programas y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset. Desde, septiembre de 2015, funge como Coordinador Nacional de Asuntos Internacionales de la Contraloría General del Ecuador.