SUSANNE FRIEDRICH
Directora del Programa Global Alliance for Integrity
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, GmbH

Las empresas, en un contexto de normas anticorrupción nacionales e internacionales cada vez más exigentes, tienen la obligación de prevenir la corrupción en su propia organización y entre sus socios de negocio a lo largo de la cadena de suministro. Por tanto, se suele suponer que la principal razón por la que las empresas adoptan medidas de cumplimiento de las normas anticorrupción es el temor a la aplicación de las leyes y el consiguiente deterioro de la reputación de la empresa.

Un estudio reciente de la OCDE, que apunta a comprender mejor por qué las empresas deciden dedicar tiempo y recursos para elaborar programas anticorrupción, demuestra que no es tan así. Las motivaciones son múltiples, tanto externas (temor al enjuiciamiento, exigencias de inversionistas o socios comerciales, entre otros) como internas (valores de los dirigentes de la empresa, por ejemplo). A menudo funcionan en conjunto y tienen efectos acumulativos en una empresa (p.14). Reforzar la legislación anticorrupción es una herramienta necesaria para prevenir la corrupción, pero no debería ser la única.

Según el estudio, las empresas con voluntad de luchar contra la corrupción esperan que los gobiernos apoyen los esfuerzos de las empresas con incentivos adecuados. Las empresas también buscan oportunidades de aprendizaje e instrumentos analíticos más accesibles. Ello incluye posibilidades de intercambiar información y buenas prácticas a nivel local y a través de herramientas en línea. Las compañías subrayaron la necesidad de contar con foros de intercambio seguros en los que puedan compartir mejores prácticas con otras empresas de su sector y afirman que la sensibilización sobre los riesgos de corrupción sigue siendo necesaria (p.75).

Las recomendaciones del B20 sobre integridad y cumplimiento publicadas recientemente apuntan en la misma dirección: “Los países del G20 deberían colaborar con el sector privado para aplicar o mejorar los planes nacionales de lucha contra la corrupción y adoptar nuevas iniciativas de acción colectiva.” (Policy Action 1.1)

Teniendo en cuenta estas demandas, complementar las medidas legales con otras medidas que surjan de los intereses y motivaciones de las empresas puede reforzar y ampliar el impacto de la legislación. ¿Cómo? A través de la acción colectiva anticorrupción.

La acción colectiva es una forma reconocida y cada vez más utilizada para enfrentar la corrupción. Colaborar entre competidores, autoridades locales, organismos gubernamentales y la sociedad civil para hacer frente a los riesgos de soborno comunes a los participantes en el mercado puede ser una forma eficaz de prevenir y reducir la corrupción. Las acciones colectivas pueden tener objetivos diversos, desde el intercambio de información y difusión de buenas prácticas hasta el desarrollo de capacidades y la formulación de códigos de conducta sectoriales, entre otros. Los diversos actores participantes contribuyen con sus conocimientos, experiencias, contactos y otros recursos.

¿Qué significa la acción colectiva para las EFS cuya tarea no es primordialmente la prevención de la corrupción? Las EFS contribuyen a fomentar la transparencia en el sector público mediante la promoción de los sistemas de gestión financiera basados en informes confiables y sólidos mecanismos de control. Las EFS proporcionan al público información sobre normas de gestión financiera y fomentan así un sistema de control financiero. Al mismo tiempo proporcionan un marco sólido para apoyar la previsibilidad de las operaciones gubernamentales. Así, las EFS desempeñan un papel importante en la sensibilización sobre los riesgos de la corrupción y en la promoción de buena gobernanza fortaleciendo una cultura de integridad, más allá del sector público (véase U4). Estas funciones las convierten en actores clave para acciones colectivas de anticorrupción.

Alliance for Integrity es una acción colectiva de origen alemán. Como iniciativa global y de múltiples partes interesadas promovida por el sector empresarial ofrece apoyo a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma colectiva y de manera práctica. Proporciona una plataforma para los sectores privado y público y la sociedad civil con miras a fomentar el aprendizaje entre pares a nivel global y unir fuerzas hacia la creación de un mundo de negocios caracterizado por la integridad. La corrupción puede plantear problemas particulares a las PYMES, que a menudo carecen de la capacidad de hacer frente a un sistema económico opaco y de diseñar y aplicar estrategias anticorrupción. Para ellas, Alliance for Integrity ha desarrollado un programa de fortalecimiento de capacidades que es implementado colectivamente por los integrantes de la iniciativa, actualmente en trece países.

En América Latina, donde la red de actores es muy comprometida, la iniciativa se ha extendido a ocho países. Alliance for Integrity coopera en la actualidad con dos EFS en la región.

Con la Contraloría General de la República de Chile (CGRC) se están llevando a cabo diversas actividades de concientización y divulgación de buenas prácticas en el marco de foros nacionales, regionales e internacionales. A modo de ejemplo, la CGRC, junto a Alliance for Integrity y con el apoyo de la Cámara de Industria y Comercio Chileno-Alemana (CAMCHAL), realiza anualmente un Seminario Internacional Anticorrupción donde se promueven buenas prácticas en los sectores público y privado, así como en las organizaciones de la sociedad civil.

En Paraguay la Contraloría General de la República forma parte del grupo de entrenadores de Alliance for Integrity para el sector privado. Esto permite que la Contraloría diseñe y desarrolle en conjunto con Alliance for Integrity y la Cámara de Industria y Comercio Paraguayo-Alemana diversas capacitaciones y actividades de concientización para PyMEs en el país.

En Brasil, Alliance for Integrity ha trabajado estrechamente con la Contraloría General de la Unión (CGU) para acercar tecnología al control interno. TheIntegrityApp, una herramienta digital de auto-evaluación de programas de cumplimiento diseñada para el sector privado, fue adaptada al sector público en una nueva versión. La herramienta permite a los funcionarios públicos del Brasil evaluar anónimamente la capacidad de cumplimiento de sus superiores y sus entidades, así como su propio conocimiento del cumplimiento. La CGU recibe regularmente informes con los datos anonimizados de los usuarios lo que le permite tener una visión general de las capacidades de cumplimiento de los organismos participantes para dirigir sus recursos según las necesidades reales.

Estas experiencias alentadoras han dado origen a un diálogo con OLACEFS para ampliar la colaboración con Alliance for Integrity en las áreas de concientización y desarrollo de capacidades en el sector privado. Teniendo en cuenta las diversas motivaciones de las empresas para prevenir la corrupción, las EFS, en su rol de promotores de buena gobernanza y de una cultura de integridad, pueden establecer importantes puentes para el diálogo y el intercambio de información entre los principales actores. Así será posible entablar debates legítimos y eficaces en la lucha y la prevención de la corrupción y fomentar la implementación de soluciones concretas.

Sobre la autora:

Susanne Friedrich encabeza la Alliance for Integrity. Como especialista en desarrollo organizacional Susanne dispone de muchos años de experiencia en gestión de iniciativas público-privadas y desarrollo de capacidades. Ha implementado varios proyectos de la Cooperación Alemana para el Desarrollo en América Latina y a nivel mundial, trabajando en modelos empresariales inclusivos y en cadenas de valor sostenibles, así como en la promoción de las exportaciones de las PyMEs. Dirigió un proyecto sobre capacidades para la descentralización en la región andina. Anteriormente, trabajó en Prochile y ejerció durante diez años como consultora independiente en proyectos público-privados.