Marcos Mendiburu
Especialista en transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto

En la actual coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, la ciudadanía ha resaltado la importancia de la fiscalización externa en diversos países de la región. A modo ilustrativo, en Argentina, la ONG Poder Ciudadano (capítulo de Transparencia Internacional) demandó – aunque infructuosamente – a la Auditoría General de la Nación (AGN) que se incorporen en su actual plan de auditoría las contrataciones realizadas para afrontar la pandemia conforme a decretos y disposiciones emitidos por el Poder Ejecutivo, al tiempo que estableció un observatorio de compras asociado al COVID-19. Por su parte, la Fundación Observatorio Fiscal de Chile desarrolló un micrositio sobre compras asociadas al COVID-19. Y la reunión del Consejo Consultivo de Asociaciones de la Sociedad Civil (COSOC), organizada – por primera vez de manera virtual – por la Contraloría General de la República de Chile en abril último, discutió el papel de la Contraloría en el contexto de la pandemia. En Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y Transparencia Internacional-Brasil publicaron una guía de recomendaciones para contrataciones de emergencia por el COVID-19.

Pese al interés de la sociedad civil (organizada o no) en colaborar con las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), aún queda un importante camino por recorrer en la región. En mi reciente análisis sobre el panorama de la participación ciudadana en la fiscalización externa concluyo que la incorporación del término ‘participación ciudadana’ como un elemento para la fiscalización ha avanzado más rápido que su efectiva puesta en práctica.

Más de dos décadas después de la primera referencia a la participación ciudadana en una declaración de la Asamblea General de la OLACEFS, se plantean todavía interrogantes: ¿hasta qué punto y cómo se ha avanzado en la promoción de la participación ciudadana por parte de las EFS? y ¿cuáles son los resultados a la fecha? Es decir, cuál es alcance y la profundidad de dicha participación ciudadana en los procesos de fiscalización.

La implementación de prácticas de participación ciudadana varía significativamente entre las EFS. En muchos casos, aún se limita a un ejercicio acotado – en general, a un solo tipo de práctica y/o a promover la participación durante una fase específica del ciclo de auditoría. Más aún, la mayoría de las EFS carecen de una verdadera estrategia – con objetivos específicos, instrumentos e indicadores de resultados – sobre participación ciudadana vinculada a procesos organizacionales y de aprendizaje más amplios al interior de la institución.

Con respecto al alcance de la participación ciudadana en la fiscalización en torno al ciclo de auditoría, salvo excepciones, existe un déficit significativo de prácticas y experiencias de participación en las EFS durante las fases de ejecución y de seguimiento a los hallazgos y recomendaciones emitidas por las EFS. Esta limitación es significativa porque se relaciona con las acciones correctivas de las instituciones en respuesta a los hallazgos de las auditorias. Con respecto a la profundidad de la participación ciudadana en la fiscalización, se observa un énfasis en el uso de canales de denuncias – aunque se carece de evaluaciones sobre su efectividad – y difusión de informes de auditoría, seguido por la sensibilización o capacitación a la ciudadanía. Sin embargo, según el modelo de madurez sobre participación ciudadana propuesto por la Declaración de la Asamblea General de la OLACEFS de Punta Cana en 2016, la práctica de denuncias ciudadanas está asociada al nivel básico. Además, es cuestionable considerar la difusión de informes de auditoría como una práctica de participación, dado el rol pasivo de la ciudadanía y su mínimo involucramiento. Por otra parte, las EFS tienden a impulsar prácticas de naturaleza consultiva en vez de prácticas de carácter colaborativo, a diferencia de otros espacios innovadores para la participación como, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto.

Por último, el número de EFS que emplea nuevas tecnologías de información y comunicación para fortalecer la participación y colaboración con la ciudadanía es limitado, más allá del uso de los canales de recepción de denuncias en línea y de las redes sociales para la difusión de información. El potencial de estas herramientas continua sin ser explotado.

No obstante, el informe de seguimiento a la Declaración de Punta Cana de la Asamblea General de la OLACEFS del 2016, recientemente publicado por la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) de la OLACEFS, evidencia oportunidades para avanzar en esta temática. De las 18 EFS miembros que respondieron el cuestionario, más de la mitad de las EFS reportaron que la participación ciudadana en su institución está asociada al nivel básico o bajo del modelo de madurez, en tanto que 67% (o sea 12 EFS) reportaron que no han efectuado actividades de promoción al interior de la institución sobre el modelo de madurez y sus cuatro niveles de participación ciudadana.

En conclusión, la documentación, la investigación y el aprendizaje son necesarios para estimular la innovación y fortalecer las prácticas de participación existentes. La crisis sanitaria y humana generada por la pandemia no deben relegar el papel de la sociedad en el control fiscal. Al contrario, más que nunca, es evidente la centralidad de la participación para lograr una fiscalización efectiva que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos en la región.

El documento de trabajo “La Participación ciudadana y las Entidades Fiscalizadoras Superiores en América Latina: ¿avance o impasse?” examina buenas prácticas y plantea interrogantes y áreas de oportunidad para fortalecer la participación en los procesos de fiscalización. El seminario internacional sobre este tema, que se celebrará del 2 al 4 de septiembre, brindará una oportunidad para continuar profundizando el debate regional sobre el tema.

Sobre el Autor

Marcos Mendiburu es Maestro en Asuntos Públicos e Internacionales por la Universidad de Pittsburgh. Consultor y especialista en transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Ha trabajado con diversas organizaciones civiles, fundaciones, gobiernos y organismos internacionales. Cuenta con diversas publicaciones. En 2018 y 2019, coordinó el programa de capacitación a servidores públicos sobre participación ciudadana en fiscalización conjuntamente ofrecido por la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina. Previamente, Marcos trabajó durante 16 años en el Banco Mundial, donde se desempeñó como Especialista Senior en Gobernabilidad. Recientemente publicó el estudio La participación ciudadana en las Entidades Fiscalizadoras Superiores en América Latina: ¿avance o impasse?