Luis Fernando Velásquez Leal
Director Ejecutivo
Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-Colombia)
director@ac-colombia.net

Recientemente tuve la oportunidad de compartir en espacios institucionales y de la sociedad civil algunas reflexiones sobre los desafíos de la gobernanza en América Latina y el Caribe en el actual contexto de la pandemia generada por la COVID-19.

Al respecto quisiera llamar la atención sobre estos desafíos y sobre la importancia de generar acciones innovadoras que permitan mitigar los costos políticos, sociales y económicos de la pandemia.

Ya en varios países de la región logran evidenciarse de manera clara los efectos del uso indebido de los recursos para atender la emergencia, la concentración de poder en las decisiones del ejecutivo, la incertidumbre jurídica por efecto de las medidas adoptadas, la inseguridad pública resultado de la escasez de recursos para atener las necesidades de subsistencia, la conflictividad social como resultado de exigencias sociales que abogan por espacios de participación política y económica contra la exclusión y la desigualdad; la ineficacia gubernamental para resolver los problemas emergentes y la improvisación en la formulación e implementación de políticas públicas, así como los altos niveles de endeudamiento para atender la crisis y avanzar hacia la recuperación económica.

Si bien los desafíos no son menores, es posible que soluciones innovadoras emerjan en medio de la crisis si y sólo sí las distintas propuestas involucren de manera decidida a las instituciones del Estado, incluyendo a las entidades de control, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones financieras de desarrollo, entre muchos otros actores.

En el ámbito de la fiscalización, las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS juegan un rol fundamental, no sólo por los desafíos de atender las crecientes demandas ciudadanas que exigen un control oportuno y eficaz sobre las cuantiosas sumas de dineros públicos que están siendo utilizados, sino porque el nuevo contexto brinda una oportunidad excepcional para realizar los ajustes institucionales necesarios con un enfoque innovador e incluyente.

En este sentido, quisiera abordar algunas de las oportunidades que podrían ser aprovechadas para mejorar el impacto de la fiscalización y contribuir a la construcción de confianza ciudadana en las instituciones, algunas de las cuales ya están siendo implementadas en algunas EFS de la región.

En primer lugar, evaluar si los marcos jurídicos vigentes facilitan la óptima fiscalización de los recursos de emergencia y propiciar si es del caso las reformas normativas necesarias.

En segundo lugar, analizar las capacidades adaptativas de las EFS para responder a los nuevos paradigmas y exigencias de la fiscalización. Ello implica fortalecer el trabajo directo con los beneficiarios de la gestión institucional del ente fiscalizado y por ende mejorar las capacidades de los funcionarios para interactuar con la gente.

En tercer lugar, reflexionar hasta qué punto es necesario reforzar e incluso reformular las distintas estrategias de relacionamiento de las entidades de control con grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y los beneficiarios de la gestión gubernamental para contarlos como aliados en la tarea de fiscalización.

En este orden de ideas, la actual coyuntura brinda una oportunidad excepcional para innovar en nuevas formas y posibilidades de colaboración de las EFS con múltiples actores con miras a mejorar la calidad de control en tiempos de emergencia.

Para tal efecto podrían desarrollarse acciones tales como:

  1. Una lectura del contexto o autodiagnóstico de la situación actual de los marcos jurídicos y metodologías que regulan la labor de control.
  2. La revisión de los modelos de relacionamiento con partes interesadas. Y aquí es importante indicar sobre la importancia de hacer coincidir la oferta institucional con la demanda por parte de los grupos de interés.
  3. La revisión de experiencias regionales que han impulsado la participación ciudadana en las distintas fases del proceso auditor. Allí hay experiencias y aprendizajes muy valiosos que podrían generar mayor confianza en la labor auditora.
  4. El aprovechamiento de los resultados de las auditorías impulsando el seguimiento ciudadano a las recomendaciones. Esto pasa necesariamente por establecer acuerdos de colaboración entre las entidades de control, los entes fiscalizados, las organizaciones de sociedad civil interesadas y a los beneficiarios directos de los servicios a cargo del Estado.
  5. El uso de los resultados de las auditorías coordinadas para propiciar el análisis regional sobre el estado de cosas y contribuir a la apertura de espacios para la incidencia ciudadana en el mejoramiento de las políticas públicas. Esto contribuiría de manera sustantiva a fortalecer el rol de las EFS en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 sobre instituciones fuertes en el ámbito regional.
  6. La promoción y uso de tecnologías de la información como contribución a que los ciudadanos puedan realizar un seguimiento a la labor institucional de control incluyendo información relevante sobre los presupuestos, desembolsos y gastos; y reportar sobre los beneficios o inconformidades respecto de los programas orientados a mitigar los efectos de la pandemia. En cualquier caso, es necesario que el diseño y el desarrollo de innovaciones tecnológicas al servicio del ciudadano considere las necesidades de los usuarios y la realización de recurrentes pruebas de uso para verificar si estas realmente funcionan, además de considerar las barreras tecnológicas que este tipo de tecnologías presentan.

Si bien las tareas son desafiantes, es clave no perder de vista que atender de manera oportuna los desafíos de la fiscalización podría contribuir a poner un cerco efectivo al alto riesgo de uso indebido de los recursos destinados a mitigar los efectos de la emergencia y a incrementar la confianza ciudadana en las labores de control.

Acerca del autor:

Luis Fernando Velásquez Leal es director ejecutivo de la Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-Colombia). Lideró en 1998 el diseño e implementación del primer programa de participación ciudadana en el control fiscal desarrollado en América Latina y el Caribe. Desde entonces ha impulsado el desarrollo de innovaciones en materia de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como herramienta para la mejora de la gestión gubernamental.