María Gabriela Mesías Zambrano
María Isabel Vásquez Paredes
Presidencia del Grupo de Trabajo sobre Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT)
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador

El comercio ilegal de vida silvestre se ha convertido en uno de los delitos ambientales globales que pone en riesgo los activos naturales para muchas comunidades, pudiendo acabar con especies o acercarlas a la extinción; y, a su vez se convierte en el corazón de lo concerniente al desarrollo sostenible de la humanidad claramente abordado por la Agenda 2030, aprobada en el marco de las Naciones Unidades en el 2015. Incurre en este delito o infracción, quien realiza la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta, contraviniendo las leyes y tratados nacionales e internacionales.

Este tipo de tráfico tiene un alcance mucho mayor y cada vez más global, el cual amenaza tanto a la población humana como a los ecosistemas. En regiones como América Latina y Asia, este tipo de actividad supone un riesgo para la conversación de los ecosistemas de la flora y fauna (Nijman, 2010). En ese sentido es importante denotar que Latinoamérica es una región que alberga un 40 % de la biodiversidad mundial y cerca del 25 % de las especies en peligro de extinción, según la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos (IPBES) (Romo, 2019); riqueza biológica que atrae a los traficantes de especies silvestres pues, mientras más extraña es la especie o menos cantidad de estas exista, mayor será su precio.

En los últimos años la participación del crimen organizado en esta cadena ha aumentado significativamente, representando ganancias que subsidian otras actividades ilícitas y convirtiéndose en una compleja problemática que exige medidas urgentes (WWF/Dalberg, 2012). Conforme a las investigaciones realizadas, el tráfico ilícito se ha convertido en un medio de financiación de grupos terroristas, guerrillas, conflictos civiles, entre otros. En esa materia la INTERPOL ha estudiado cómo estas organizaciones al conocer de las jurisdicciones o pocos controles de los funcionarios responsables hacen uso de esta información para continuar con el tráfico así como con el proceso de lavado de dinero, tráfico de armas entre otros (INTERPOL, 2020). Sin embargo, como explican la WWF/ Dalberg (2012, págs. 11-13), este comercio se vuelve de mayor grado de interés por el bajo riesgo y las altas ganancias, comparadas a las drogas, ocupando el cuarto lugar en relación al crimen organizado. No obstante “las drogas y el tráfico de personas están recibiendo mucha más atención que el tráfico ilícito de vida silvestre”.

Como se mencionó, esta actividad desencadena adicionalmente acciones que ponen en riesgo la salud del ser humano; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que el 70% las nuevas enfermedades que han surgido en los seres humanos en las últimas décadas son de origen animal (FAO, 2013); el contagio de estas enfermedades, se puede dar por mordeduras, rasguños, contacto con excreciones salivares o mucosas, contacto con orina o heces fecales y contacto con fluidos sanguíneo. De esta forma, la crisis sanitaria mundial actual reactivó la preocupación, referente a la relación de la salud humana con el tráfico ilícito de animales de vida silvestre. Si bien no se ha identificado con total seguridad al animal huésped que transmitió el nuevo coronavirus (SARS-COV-2) que dio origen a la enfermedad COVID-19, se ha reconocido que el virus provino de un animal salvaje, que se comercializaba en un mercado en China. Por lo tanto, es innegable el riesgo de los mercados ilegales ante la transmisión de enfermedades zoonóticas (cualquier tipo de enfermedad que un animal puede contagiar a un ser humano).

Siendo un delito transnacional que opera en redes con proveedores y consumidores, es necesaria la cooperación y colaboración tanto a nivel nacional e internacional, entre los distintos órganos de gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y ciudadanía.

Los Gobiernos de los países que se ven afectados de la cadena del tráfico ilícito deben mejorar el Estado de Derecho, crear o fortalecer los mecanismos de disuasión, asignar recursos a combatir los delitos contra especies de vida silvestre, específicamente en reforzar el cumplimiento de la normativa ambiental, controles de comercio y fortalecer los controles aduaneros, así como adquirir el compromiso de una política de tolerancia cero en materia de corrupción. En este punto la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres(CITES) se convierte en un punto de referencia de cómo proceder en torno al comercio sostenible de especies, al someter esta actividad a determinados controles dependiendo del tipo de especie a comercializar.

Figura 1 Cadena de Valor del tráfico de vida silvestre

Tomado de WWF/ Dalberg La Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre (2012, pág. 11).

Ante esta realidad, las Entidades Fiscalizadoras Superiores, pueden colaborar en el proceso del fortalecimiento de la gobernanza ambiental de los países, tanto a nivel del control externo eficaz de los fondos públicos destinados a la protección y salvaguarda de las especies en peligro, como en la provisión de buenas prácticas a entidades fiscalizadas del ramo ambiental con el propósito de perfeccionar su funcionamiento. Asimismo, esta discusión a nivel de Estado requiere del involucramiento de estas entidades para que se efectúe el cumplimiento de los controles existentes y que el sistema de prevención o mitigación pueda evidenciar los problemas de corrupción.

En este sentido, dentro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha Contra la Corrupción Transnacional (GTCT) trabajó con el financiamiento de la Cooperación Alemana – GIZ, en una consultoría para visualizar y fortalecer el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la prevención y/o mitigación de los efectos de la corrupción en la comisión de delitos ambientales con un enfoque el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre. Esta consultoría culminó con un webinario realizado el 19 de agosto de 2020, donde a más de exponer los resultados, representantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) compartieron sus criterios en torno al rol de las EFS para mejorar el control ambiental y evidenciar el nexo de los delitos como el tráfico ilegal de especies con los actos de corrupción a nivel transnacional. Más aún en ese espacio se evidenció la cooperación interinstitucional e internacional como la vía para combatir dichos delitos.

Bibliography

FAO. (2013). World Livestock 2013 – Changing disease landscapes. Rome.

INTERPOL. (2020). Wildlife Crime. Retrieved from https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Wildlife-crime

Karesh, W., Cook, R., & Newcomb, J. (2005). Wildlife Trade and Global Disease Emergence. doi:10.3201/eid1107.050194

Nijman, V. (2010). An overview of international wildlife trade from Southeast AsiaVincent Nijman. Springer. doi:10.1007/s10531-009-9758-4

Romo, V. (2019, Octubre). América Latina reconoce el tráfico de vida silvestre como crimen organizado. Diálogo Chino. Retrieved agosto 14, 2020, from https://dialogochino.net/es/sin-categorizar/30761-america-latina-reconoce-el-trafico-de-vida-silvestre-como-crimen-organizado/

WWF/Dalberg. (2012). La lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre: una consulta con los gobiernos. Retrieved from http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf

Acerca de las autoras

María Gabriela Mesías Zambrano es Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas de la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Medio Ambiente y Arquitectura Sostenible de la Universidad De Salamanca. Por su formación académica y experiencia en el Derecho Ambiental y Animal, ha tenido la oportunidad de brindar asesoría legal tanto el sector público, como en el privado en lo referente a la protección de derechos de naturaleza y de animales de fauna urbana y silvestre. Ha sido profesora invitada de Derecho Ambiental y Derecho Agrario y Recursos Naturales en la Universidad de Guayaquil (2017-2018), de Derecho Ecológico y Derecho de Minas e Hidrocarburos en la Universidad Tecnológica ECOTEC (2016-2017), docente del evento de capacitación “Delitos Ambientales” organizado por la Dirección de Escuela de Fiscales de la Fiscalía General del Estado. Actualmente se desempeña como enlace OLACEFS de la Contraloría General del Estado del Ecuador.

María Isabel Vásquez Paredes es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Maestrante de Relaciones Internacionales con Mención en Seguridad y Derechos Humanos de la FLACSO. Becaria del Programa Management Reserch Trends: Nurturing Innovation de la UAM y el David Rockefeller Center for Latin American Studies. Becaria del Programa de Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. Experta supervisora de la Coordinación Nacional de Asuntos Internacionales de la Contraloría General del Estado del Ecuador. En el marco del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional, coordinó la consultoría de tráfico ilícito de flora y fauna silvestre en América Latina y el Caribe, actividad que fue financiada por la Cooperación Alemana-GIZ y ejecutada por la experta ambiental, María de los Ángeles Barrionuevo.