Erwin Alberto Ramirez G.
Director del Proyecto Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Alemania y los países de América Latina y el Caribe son signatarios de acuerdos internacionales y compromisos voluntarios para proteger la biodiversidad, así como para mitigar y adaptarse al impacto del cambio climático. Para lograr estos objetivos, incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Convención sobre Diversidad Biológica, entre otros acuerdos internacionales, es fundamental la intervención y colaboración de complejas estructuras en los Estados, incluidos organismos públicos, sector privado y sociedad civil, así como la participación de organizaciones internacionales. Esto cobra relevancia al procurarse la consecución de objetivos a veces contradictorios del crecimiento económico, de la protección ambiental y del desarrollo social.

En este sentido, en los últimos años la política alemana de desarrollo se ha orientado hacia la mejora de las condiciones marco globales en materia ambiental, social, económica y política para eliminar las causas de la pobreza y promover el desarrollo global sostenible. En América Latina y el Caribe, desde 2012, la Cooperación Alemana, por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ha forjado una alianza estratégica con la OLACEFS, que ha favorecido el desarrollo de capacidades técnicas, el intercambio de experiencias y una mayor visibilidad de los productos y servicios a la sociedad a cargo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros.

Más aún, en 2016, la Cooperación Alemana, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y la OLACEFS suscribieron un Acuerdo de Cooperación Técnica y un Memorando de Entendimiento, respectivamente, para coadyuvar mediante el Proyecto regional Fortalecimiento del Control Externo Ambiental (video) a la gobernanza ambiental y a la buena gestión de los recursos financieros públicos aplicados en el sector. Desde entonces, de forma conjunta se ha trabajado en pro de contribuir al fortalecimiento de los procesos y al desarrollo de modelos, metodologías y herramientas de apoyo a la auditoría ambiental y también a la implementación eficiente, efectiva y transparente de la Agenda 2030. Un ejemplo particular es el trabajo sobre el papel y metodologías para que el control externo prevenga o mitigue los efectos del tráfico de flora y fauna silvestre.

Esta alianza ha contribuido de igual forma a implementar y promover mecanismos innovadores de cooperación e intercambio de conocimiento entre las EFS miembros, así como a mejorar la oferta de sus servicios para el desarrollo de capacidades. Destacan los esfuerzos por la capacitación a distancia, teniéndose como parte de sus resultados los cursos masivos abiertos en línea (MOOC) sobre la auditoría de desempeño, así como respecto al papel de las EFS para la implementación de los ODS; además de los cursos virtuales sobre el diseño de estrategias de comunicación de productos de auditoría y sobre fiscalización de áreas protegidas. De forma complementaria, se han promovido foros de intercambio y aprendizaje sobre el desarrollo sostenible con CEPAL, IUCN y otras organizaciones.

Las auditorías coordinadas apoyadas (sobre áreas protegidas, energías renovables en el sector eléctrico, sobre preparación de los gobiernos en América Latina y el Caribe para implementar la Agenda 2030, políticas de gobernanza transfronteriza, así como pasivos ambientales mineros) merecen especial atención, por basarse en un modelo colaborativo de desarrollo de capacidades, en el que -como en otro blog ya se ha profundizado– las diferentes EFS involucradas participan en un proceso de capacitación que busca estandarizar sus capacidades en auditoría de desempeño y en el tema a ser abordado, otorgando siempre una atención especial a la integración de cuestiones transversales relacionadas con los ODS.

No menos relevantes son otros beneficios de esta cooperación técnica que incluyen innovación metodológica, internalización y réplica del conocimiento adquirido, desarrollo de capacidades y aplicación de nuevas herramientas para modernizar el trabajo del control externo. El aprovechamiento, por parte de las EFS, de las nuevas tecnologías digitales para la mejora de la gestión pública es un tema que ha cobrado mayor importancia, como se abordó en el XXIII Congreso de la INTOSAI, en septiembre de 2019. En este ámbito, el desarrollo de una herramienta para (auto)evaluación del nivel de madurez sobre el uso de tecnologías de información, así como la promoción y capacitaciones sobre el uso del análisis multicriterio espacial, drones y de las geotecnologías han sido un componente innovador en el que se ha avanzado favorablemente. Esto se ejemplifica en el Programa de Desarrollo de Capacidades sobre uso de Geotecnologías, que se concibió a partir de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación regional y que incorpora diversas acciones de sensibilización, capacitación presencial y virtual (en TICs, uso de drones, análisis multicriterio espacial e incluso de inteligencia artificial para ayudar en el proceso de auditoría de grandes superficies) y divulgación en la materia, además del Seminario Internacional de Análisis de Datos.

Aunado a ello, un área de trabajo clave ha sido el fortalecimiento de la comunicación estratégica y diferenciada de las EFS miembros con partes interesadas (internas y externas). El desarrollo de una estrategia organizacional de comunicación con partes interesadas en el área ambiental es un ejemplo especial, que ha evolucionado incluso al desarrollo de guías metodológicas para el uso eficaz de redes sociales. Un ejemplo adicional es el desarrollo de la aplicación ODS.OLACEFS para potenciar el monitoreo y la divulgación de las recomendaciones de auditoría vinculadas a la Agenda 2030.

Como puede observarse, esta fructífera colaboración con OLACEFS es reflejo de la contribución y potencial del control externo para incidir favorablemente en el desarrollo sostenible, con un enfoque en resultados, así como en la integración de estos desarrollos en la gestión de conocimiento y sistema de monitoreo de la OLACEFS. Esta colaboración, además, alineada al reconocimiento expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución A / 69/228 (diciembre de 2014), que destaca importancia de las EFS al “promover la eficiencia, la rendición de cuentas, la efectividad y la transparencia. administración pública, que favorece el logro de las metas y prioridades nacionales de desarrollo, así como los objetivos acordados internacionalmente”.

Para finalizar, los invito cordialmente a conocer el portafolio de proyectos, enfoque de cooperación y logros de la Cooperación Alemana colaborando con EFS de otras organizaciones regionales. Esta información está publicada en el artículo “SAIs: Important Partners for German Development Cooperation” publicado en la edición de Primavera del INTOSAI Journal http://intosaijournal.org/site/wp-content/uploads/2020/04/INTOSAI-Journal_Spring-2020_Interactive-Version.pdf

Acerca del autor:

Desde noviembre de 2017, Erwin Alberto Ramírez G. se desempeña en la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH como Director del Proyecto regional Fortalecimiento del Control Externo Ambiental, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y que se implementa en conjunto con el TCU de Brasil y la OLACEFS. Desde 2003 y hasta 2017 colaboró en la Auditoría Superior de la Federación de México, donde ocupó diversos cargos, incluido Director de Relaciones Institucionales (cooperación internacional). Posee amplia experiencia en cooperación técnica y coordinación de iniciativas y grupos de trabajo en el ámbito de la INTOSAI, así como de la OLACEFS. Es Licenciado en Comercio Internacional con especialidad en logística por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursa la maestría en Gestión Pública Aplicada.

Dr. Frédéric Boehm
División de Integridad Pública
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Hace varias semanas que las noticias en el mundo giran alrededor del COVID-19. La crisis sanitaria viene acompañada de una crisis socio-económica que, sin lugar a dudas, ocupará a los gobiernos en los próximos años. En el fondo, tanto la capacidad de respuesta inmediata de los gobiernos frente a la crisis, como su facultad para manejar los coletazos socio-económicos dependen en gran medida de la fortaleza de las instituciones del país, de la confianza que tienen los ciudadanos en sus gobiernos y en la espina dorsal del estado que son los funcionarios y la administración pública.

Desafortunadamente, así como las noticias sobre el COVID-19, también proliferan las noticias sobre malversación de fondos o de materiales destinados a superar la crisis, fraudes o abusos políticos de programas de apoyo social, la influencia indebida por parte de intereses particulares en el diseño de programas de ayudas a sectores económicos, casos de corrupción en compras públicas regidas por leyes de emergencia, o incluso abusos del estado de emergencia para actuar a mano libre sin el control de otros poderes del estado. Es cierto que la situación actual conlleva varios riesgos de corrupción específicos e intensifica los habituales.

Ahora, más que nunca, es importante identificar los riesgos de integridad y gestionarlos de manera efectiva. De hecho, relegar la integridad a los tiempos “normales” pone en riesgo la efectividad de todas las medidas que se tomen para controlar la pandemia y mitigar sus impactos sociales, económicos y políticos. Casos de fraude y corrupción, e incluso sospechas de tales prácticas, afectan de manera significativa la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos – una confianza que ahora más que nunca es necesaria para implementar de forma efectiva las medidas para lidiar con los efectos de la pandemia y de la crisis.

Es en este contexto histórico que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó a inicios de julio el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública. En el 2017, el Consejo de la OCDE adoptó la Recomendación sobre Integridad Pública. Los trece principios incluidos en la Recomendación y agrupados en las tres dimensiones: sistema, cultura y rendición de cuentas, sirven como hoja de ruta para los gobiernos. Pero un cambio sostenible requiere de una orientación clara. El Manual responde a esta la demanda de gobiernos pidiendo orientación concreta con respecto a cómo poner en práctica estrategias de integridad pública. Así, el Manual proporciona información en relación a qué implica la integridad en términos de implementación de políticas públicas e identifica los desafíos a los que pueden ir enfrentándose los gobiernos a lo largo de este camino.

Por ejemplo, el Manual provee orientación para optimizar la coordinación y la cooperación entre las entidades gubernamentales, sobre cómo diseñar e implementar estrategias de integridad y monitorearlas, y cómo aumentar el intercambio y el aprendizaje entre los niveles de gobierno nacional y subnacional. Asimismo, con el objetivo de construir culturas de integridad en todo el gobierno y la sociedad, el Manual detalla los elementos básicos de un sistema de gestión de recursos humanos basado en el mérito, y explica cómo los líderes éticos, receptivos y confiables son cruciales para las culturas organizativas abiertas a través de su función de buen ejemplo y de gestor de la integridad. También clarifica el rol del gobierno en brindar orientación a las empresas, a la sociedad civil y a los ciudadanos en la defensa de los valores de la integridad pública. A su vez, en miras a mejorar la rendición de cuentas, el manual detalla cómo utilizar los procesos de gestión de riesgos para evaluar y gestionar los riesgos en materia de integridad, y destaca cómo utilizar el sistema de aplicación sanción de la ley para garantizar una verdadera rendición de cuentas respecto a las violaciones a la integridad. Además, se discuten medidas para fortalecer el proceso de formulación de políticas, involucrando a todas las partes interesadas, gestionando y previniendo conflictos de intereses, y garantizando la integridad y transparencia en el cabildeo y el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

El Manual viene acompañado de una herramienta virtual con la cual cualquier gobierno, entidad o parte interesada puede evaluar de forma interactiva el nivel de madurez de su propio sistema de integridad con respecto a buenas prácticas internacionales y de acuerdo a cuatro niveles incrementales: naciente, emergente, establecido y líder. Para las Entidades Fiscalizadoras Superioras (EFS), que se reconocen como una parte esencial de cualquier sistema de integridad en el principio 12 de la Recomendación que pide reforzar el papel de la supervisión y del control externo, el Manual y las herramientas de la OCDE proporcionan una guía orientadora sobre cuales debieran ser los elementos claves de un sistema de integridad funcional y efectivo. Así, la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública y su Manual pueden contribuir a clarificar y a definir los criterios para potenciales auditorías externas de los sistemas de integridad pública y ayudar a las EFS a impulsar una mejora continua de la cultura de integridad pública en sus países.

Finalmente, viendo los casos de corrupción que emergen ahora debido a la crisis, vale la pena resaltar que centrarse en un mero enfoque punitivo no resuelve las raíces del problema de la corrupción. Similar a la Hidra de Lerna, pareciera que, para cada corrupto encarcelado, apareciera al menos uno nuevo y que la corrupción en vez de ser controlada se vuelva cada vez más sofisticada. Para realmente lograr avanzar en la lucha contra la corrupción, es imperioso promover un cambio sistémico. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública ofrece a los responsables políticos una visión estratégica de la integridad pública. Cambia políticas de integridad reactivas, ad hoc, por políticas proactivas que tienen en cuenta el contexto en el que se aplican y con especial énfasis en promover una cultura de integridad en toda la sociedad. Solo así se podrá evitar la situación en la cual la discusión se reduzca a castigar a tal o cual corrupto.

Solo así se logrará una resiliencia a largo plazo de los gobiernos y su capacidad de respuesta frente a situaciones de crisis como la que estamos pasando.

Acerca del autor:

Frédéric tiene un doctorado en economía y más de 15 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre Integridad Pública en América Latina y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en evidencia y lecciones aprendidas de ciencias conductuales. Antes de ingresar a la OCDE, Frédéric trabajó como profesor de economía en Colombia y para la Cooperación Internacional Alemana (GIZ). También fue consultor para gobiernos e instituciones como U4, PNUD, UNDOC, DFID o la GIZ y profesor visitante en Perú y Panamá, dictando clases sobre “economía de la corrupción”. Frédéric publicó en libros y varias revistas académicas.

Ministro Augusto Nardes
Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS

La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en el mundo y exige de todas las áreas de la sociedad un esfuerzo colaborativo para realizar adaptaciones, de modo que los impactos coyunturales sean los mínimos posibles. En ese sentido, refuerzo que es crucial una actuación activa y eficiente por parte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en este escenario tan desafiador para todos.

Por lo tanto, en este contexto, es importante que las EFS tengan en sus manos instrumentos y herramientas que puedan ser aplicadas con eficiencia y efectividad en el ejercicio de la actividad de control externo.

Uno de eses instrumentos son seguramente las auditorías coordinadas (AC), ampliamente usadas en la OLACEFS desde el 2013. Las auditorías coordinadas son una estrategia de capacitación integrada y que permite nivelar el conocimiento sobre los temas abordados y los métodos utilizados, reforzando el paradigma contemporáneo de auditoría gubernamental y difundiendo, de forma eficaz, las normas internacionales y mejores prácticas en cada EFS y entre sus auditores.

Es posible afirmar, sin embargo, que las auditorías coordinadas representan una poderosa herramienta para auditar el uso de recursos públicos en programas y acciones gubernamentales en el enfrentamiento al COVID-19.

Recientemente, la OLACEFS divulgó las versiones en español, portugués e inglés del Manual de Auditorías Coordinadas, documento elaborado por la Fuerza de Tarea de Auditorías Coordinadas (FTAC) del Comité de Creación de Capacidades (CCC). Dicho manual tiene como uno de sus objetivos principales actualizar y compilar las orientaciones y mejores prácticas para la realización de auditorías coordinadas no solamente en nuestra región, sino que también en toda la INTOSAI. Por medio del manual, cualquier EFS podrá de manera ágil y rápida, comprender las diversas etapas a ser seguidas durante este proceso de fiscalización. La intención clara del documento es incentivar el uso amplio de este instrumento.

El manual detalla las etapas de una auditoría coordinada, a saber:

1. Toma de decisión de realización de la auditoría;
2. Búsqueda de patrocinadores;
3. Selección del tema;
4. Formalización de la auditoría;
5. Capacitación;
6. Ejecución de la auditoría;
7. Elaboración del informe consolidado;
8. Divulgación de los resultados;
9. Evaluación;
10. Monitoreo.

El desarrollo de una auditoría coordinada consiste en un proceso que se inicia con la toma de decisión de la realización de la AC. Antes de elegir el tema y el enfoque específico, se deben definir los prerrequisitos del trabajo para iniciar el diálogo con las demás EFS. Asimismo, es importante identificar el asunto, el enfoque macro y elaborar un esquema que incluya el alcance, objetivos y enfoque de la AC.

En la segunda etapa, empieza la búsqueda de patrocinadores nacionales e internacionales. El potencial de capacitación y innovación de las AC es del interés de iniciativas y organismos multilaterales. Aquellos que participan de estas iniciativas podrán obtener beneficios adicionales como escalabilidad, comparabilidad, costos compartidos, indicadores y metas concretas. Este proceso es de mutuo enriquecimiento y beneficio para los países y las organizaciones, ya que aporta conocimientos y experiencias que coadyuvan al seguimiento de los compromisos internacionales y a los debates en torno a políticas globales.

Al constatarse la existencia de viabilidad técnica y operacional para la realización de la AC, el equipo técnico propone el tema en el grupo de trabajo para su discusión y ajustes. El tema de la AC debe ser lo más específico posible. Se recomienda selecionar un área de actuación (Seguridad, Salud, Educación, Medio Ambiente, por ejemplo) o que abarque determinadas políticas públicas de interés para todos los involucrados. La propuesta de temas muy abiertos o amplios impide que las AC alcancen sus objetivos de forma eficaz, eficiente y efectiva.

En la cuarta etapa, la AC es formalizada con la elaboración y firma de acuerdo formal por parte de los titulares o representantes legales de las instituciones participantes. En seguida se realiza el proceso de capacitación. Hay múltiples oportunidades para la construcción de capacidades a lo largo del processo de una AC. Por medio de la combinación de objetivos de capacitación, tales como cursos virtuales y talleres presenciales, los auditores se mantienen actualizados en cuanto a la metodología y profundizan su conocimiento en la materia específica tratada por la auditoría.

Posteriormente, en la sexta etapa, se inicia la ejecución de la auditoría, que debe ser conducida por las EFS participantes de forma simultánea, tanto como esto sea posible. Esto maximiza las oportunidades para intercambiar experiencias y hallazgos de auditoría y hace con que sus resultados sean más fácilmente comparables, lo que es altamente deseable para la elaboración del informe consolidado, que es la etapa siguiente.

El informe consolidado es importante para incentivar a gobiernos nacionales a adoptar medidas preventivas y correctivas, ofrecer una visión amplia que promueva acciones conjuntas por parte de los países involucrados en el problema, además de aumentar la concientización pública y promover intercambio de conocimiento por medio de la presentación de mejores prácticas y experiencias.

La etapa 8, la comunicación de los resultados de la AC, es una de las etapas de mayor importancia, puesto que, por medio de la misma, las entidades auditadas y la sociedade tendrán conocimiento de la realidad de lo que sucede en la región, en sus países.

Concluida la divulgación, se hace una evaluación crítica de todo el trabajo, para verificar si los objetivos de la auditoría, definidos en el inicio del trabajo, fueron realmente alcanzados. Los resultados de la evaluación ex post sirven como base para decidir sobre nuevas medidas y correcciones de procedimientos que pueden ser aplicados a futuras auditorías.

Por fin, en la última etapa, el monitoreo, se programan trabajos secuenciales para verificar si las recomendaciones y determinaciones propuestas están siendo implementadas. Esta etapa completa y finaliza el proceso de auditoría.

Aprovecho este espacio para para registrar el agradecimiento a todas las EFS de la OLACEFS que contribuyeron con la construcción de este valioso documento, en especial, a las EFS miembros de la FTAC: Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana.

¡Los invito a conocer más sobre esta iniciativa!

Para acceder al Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS en español, inglés y portugués ingrese a:

Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS – Español

Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS – Portugués

Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS – Inglés

Acerca del autor:

El Ministro Joao Augusto Ribeiro Nardes es graduado en Administración de Empresas de Fundames (ahora Universidad de la Regional Integrada Alto Uruguay y Misiones), en San Angelo, y tiene un título de grado en la política de desarrollo y Máster en Estudios del Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo en Ginebra, Suiza.

Además, ha ejercido el cargo de ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil desde el 20 de septiembre de 2005, lo que le ha permitido actuar en la protección de los derechos de las personas en Brasil.

Actualmente, es Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS desde el año 2016, y fue Presidente de la OLACEFS entre los años 2013 y 2015.

César Abusleme
Centro de Sistemas Públicos
Universidad de Chile

Se ha vuelto un lugar común decir que la actual crisis sanitaria será un factor determinante en la aceleración de la transformación digital del sector público. Sin embargo, ya se escuchan algunas voces que vienen a poner paños fríos a este determinismo disfrazado de optimismo: el potencial de esta pandemia como catalizador de una nueva revolución digital estaría fuertemente condicionado por la infraestructura tecnológica y el grado de madurez de los gobiernos digitales de cada país.

En esta línea, tampoco debe olvidarse que el diseño e implementación de nuevas tecnologías en el sector público se realiza dentro del marco de estructuras de poder prestablecidas. Esto es particularmente importante respecto de aquellas herramientas tecnológicas como los datos abiertos, cuya reutilización podría ser clave para hacer frente a la pandemia, pero al mismo tiempo implican entregar parte del control sobre la información pública a la ciudadanía y aumentar el escrutinio público sobre la toma de decisiones (¡de vida o muerte en este caso!). A la hora de promover la apertura de datos públicos, es probable que a muchos líderes políticos se le vengan a la cabeza las palabras de Tony Blair, quien se llamó a sí mismo un completo idiota por haber impulsado una ley de acceso a la información pública en el Reino Unido.

¿Podrá el Covid-19 cambiar este panorama e incentivar a nuestras autoridades a adoptar esta tecnología en el sector público? Un buen punto de partida para tratar de responder esta pregunta es explorar las circunstancias políticas que han habilitado, entre otros factores, la adopción de estrategias de datos abiertos en nuestra historia más reciente. Esta es justamente la aventura en la que me embarqué en una reciente investigación de los casos de México, Colombia y Chile y esto es con lo que me encontré:

• México. Si bien la sociedad civil venía hace un tiempo impulsando una agenda en la materia, la estrategia de datos abiertos mexicana solo adquirió un ritmo vertiginoso luego de las desapariciones forzadas de Iguala y los casos de corrupción en que se vieron envueltos el presidente Peña Nieto y su señora (caso “Casa Blanca”), y su Ministro de Hacienda en 2014. De hecho, el año siguiente, (1) Peña Nieto incluyó a los datos abiertos entre las 10 medidas oficiales para hacer frente a esta turbulencia política y (2) aprobó la primera regulación administrativa de datos abiertos, (3) se les dio reconocimiento legal, (4) se publicó una política nacional, (5) se puso en marcha la versión final de datos.gob.mx, y (6) México comenzó a tener un rol muy activo en las agrupaciones internacionales interesadas en los datos abiertos, llegando a co-fundar la Global Partnership for Sustainable Development Data y la Carta de Datos Abiertos. Además, (7) adoptó el Estándar de Datos para la Contratación Abierta en dos proyectos de infraestructura de grandes proporciones y (8) comenzó a trabajar con la OCDE para mejorar su desempeño en materia datos abiertos gubernamentales.
• Colombia. La robusta y gradual evolución de su estrategia de datos abiertos tuvo como antecedente indirecto la intención del presidente Santos de mejorar la imagen internacional del país e integrarse a la OCDE. Prácticamente todas las etapas de la evolución de la estrategia colombiana tienen un antecedente en la arena internacional: en 2011, Colombia se unió a la Open Government Partnership (OGP) y lanzó su primer portal de datos abiertos; en 2012, estos fueron incluidos en su estrategia de gobierno electrónico, de acuerdo a lo estipulado en su primer Plan de Acción de la OGP; en 2015, se lanzó una nueva versión de su portal, siguiendo recomendaciones ad hoc del Banco Mundial; y en 2018, elaboró una política de Big Data y una nueva Política de Gobierno Digital, de acuerdo con las recomendaciones incluidas en estudios especiales de la OCDE.
• Chile. La inexistencia de una política de datos abiertos en Chile es coherente con un grado generalizado de desinterés por esta tecnología por parte de sus autoridades políticas. En su primer gobierno (2010-2014), Sebastián Piñera (centro derecha) emitió una Directiva de Gobierno Abierto y logro convertir a Chile en unos de los primeros países latinoamericanos en tener un portal de datos abiertos. Sin embargo, el gobierno perdió rápidamente interés en esta tecnología por lo que nunca se llegó a formular una política de datos abiertos y el portal se mantuvo prácticamente inutilizado desde su lanzamiento. Esta situación se agravó aún más con el retorno de Michelle Bachelet (centro izquierda) al poder en 2014. Su entorno vio las iniciativas de gobierno digital, incluyendo los datos abiertos, como parte de la agenda “neoliberal”, “de derecha”, “enfocada en la eficiencia” impulsada por Piñera y fue bastante escéptico respecto de su potencial para disminuir la corrupción. Desde su regreso a la presidencia en 2018, Piñera no ha mostrado mayor interés en el desarrollo de una política de datos abiertos. De hecho, promulgó una Ley de Transformación Digital del Estado que, si bien es indudablemente un paso gigantesco en la dirección correcta, sólo abarca la digitalización de procedimientos administrativos.

El estudio de estos casos nos deja algunas lecciones:

• El impacto del Covid-19 en la adopción de estrategias de datos abiertos en el sector público dependerá en gran medida de las dinámicas políticas de cada gobierno nacional. Esto es particularmente evidente si se comparan las divergencias entre Chile y México, dos países en los cuales la gobernanza digital está, para bien o para mal, muy politizada.
• El rol de la sociedad civil nacional e internacional es crucial para dar un empujoncito a nuestros políticos para que adopten estrategias de datos abiertos, como bien muestran los casos de México y Colombia. La pandemia puede ser una oportunidad para acelerar la trasformación digital, pero para que esta se aproveche y cree valor público (aumento de los niveles de transparencia, accountability y colaboración ciudadana, por ejemplo) deben intervenir todos los actores interesados.
• Los datos abiertos no pueden ser entendidos como un simple “portal” sino como una estrategia mucho más amplia y ambiciosa. Un repositorio de datos sin respaldo legal, político, técnico ni presupuestario, como se evidencia en el caso de Chile, puede devenir en una respuesta meramente testimonial y temporal a la actual crisis, lo que en definitiva podría incluso obstaculizar la transformación digital del sector público.

Sobre el autor

César es abogado (U. de Chile) y MSc en Administración y Políticas Públicas (London School of Economics). Se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia, del Ministerio de Justicia (Chile), y Coordinador Jurídico del Programa de Modernización del Sector Público financiado por el Ministerio de Hacienda (Chile) y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, sigue ligado al servicio público fuera de su país y es colaborador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile.

Daniela Santana y Osvaldo Rudloff
Secretaria Ejecutiva de OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile

A 25 años de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y a 5 años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, ha dado un gran paso en la implementación de la perspectiva de género en su actuar: la creación del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación.

Comenzamos a trabajar las cuestiones de género allá por el año 2012, cuando llevamos adelante el encuentro “Género y Transparencia en la Fiscalización Superior” en Santo Domingo, República Dominicana. En este marco acuñamos la Declaración de Santo Domingo, donde reafirmamos nuestra voluntad respecto de la aplicación de políticas de género a lo interno de las entidades, así como en la labor auditora. Ese primer paso se materializó en consiguientes esfuerzos que el año 2014 nos llevaron a plasmar la idea de la incorporación transversal de la perspectiva de género en la fiscalización superior, en la Declaración del Cusco.

Desde ese entonces, hemos llevado a cabo dos auditorías coordinadas en torno a la temática. Éstas han sido cruciales para asegurar que las políticas y estrategias de los respectivos gobiernos se adhieran a los compromisos mundiales de promover la igualdad de género e impulsar un aprendizaje práctico en torno a la incorporación de esta visión, en línea con lo planteado en la ISSAI 12, sobre valor y beneficio de las EFS. La primera de estas auditorías comenzó su proceso el año 2014 y en ella evaluamos la incorporación de asuntos de género a políticas, estrategias, programas y proyectos de los gobiernos evaluados, considerándose particularmente las temáticas de educación, salud y empleo.

En la segunda auditoría coordinada revisamos la preparación de los gobiernos para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, con la participación de 18 EFS (16 EFS de América Latina y el Caribe, el Tribunal de Cuentas de España y la Contraloría General de Bogotá). El foco en esa oportunidad fue analizar el actuar de los respectivos gobiernos en torno a los ejes de planificación, financiamiento y seguimiento de aquellos planes, políticas, acciones y estructuras definidas para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Pero nos pareció que en línea con los principios de la Agenda 2030 debíamos liderar con el ejemplo, por ello es que llevamos adelante una encuesta que buscó conocer la situación de igualdad de género interna en cada EFS de la OLACEFS. Los resultados de esta encuesta se dieron a conocer en la XXIX Asamblea General de OLACEFS, en San Salvador, El Salvador, donde se complementaron los hallazgos con talleres participativos con el fin de enriquecer, bajo una metodología cualitativa, la compresión de la percepción sobre la situación de género al interior de las EFS de OLACEFS.

Los procesos de diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación de género dentro de las EFS de la OLACEFS han reafirmaron la necesidad de que contemos con una política de género integral, sustentada en medidas concretas, para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de las entidades que forman parte de la Organización.

Por este motivo vemos que el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación -en adelante “Grupo”- se presenta como un espacio donde podremos aunar voluntades con el fin de construir virtuosamente una política de género para OLACEFS y sus EFS miembros, lo que esperamos contribuya a promover Entidades Fiscalizadoras más justas e igualitarias, en línea, además, con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Hoy estamos felices porque la creación del Grupo fue aprobada el pasado martes 30 de junio en el LXXI Consejo Directivo (virtual) 2020. Con esa aprobación hoy el Grupo cuenta con un objetivo definido que será proponer una política de género que sirva de base para ser implementada en las EFS de la OLACEFS. Asimismo, éste deberá definir, en conjunto con las EFS interesadas, la implementación de la política, su monitoreo y evaluación, así como los procesos de retroalimentación e intercambio de buenas prácticas que se pueden generar en torno a la igualdad de género y la no- discriminación.

Incorporar la perspectiva de género en las Entidades miembros de OLACEFS debe ser un proceso presente en todas las áreas de acción de las EFS y de la Organización, no basta solo con el diseño. La creación de este Grupo de Trabajo marca un hito en nuestra historia que canaliza la voluntad real de sus miembros con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y con el rol que le cabe como un actor para el logro de la Agenda 2030.

Sobre los autores:

Daniela Santana y Osvaldo Rudloff, en representación del equipo interdisciplinario de la Secretaria Ejecutiva de OLACEFS (Contraloría General de la República de Chile).

Antuan Barquet Guillen
Coordinador Nacional de Asuntos Internacionales
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador
Presidencia del Grupo de Trabajo Especializado en la lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) de la OLACEFS

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha obligado a los gobiernos alrededor del mundo, a generar soluciones ágiles que permitan mitigar los efectos económicos de las medidas de confinamiento, en los sectores más vulnerables de la sociedad.

En el caso de América Latina y el Caribe, la implementación de estas ayudas ha sido fundamental, ya que la pandemia surge en un momento de decrecimiento económico. En ese marco, los gobiernos de la región han promovido principalmente: transferencias monetarias, transferencias en especies, exoneración de pago de servicios básicos, alivios tributarios, entre otros mecanismos (CEPAL, 2020). Si bien la pronta emisión de estas políticas es clave para la supervivencia de personas en situación de pobreza; esto supone a su vez, relajar ciertos controles administrativos, por ello, las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben mirar aún más las potenciales vulnerabilidades a la integridad relacionadas a dichos paquetes de rescate.

Instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) y la Oficina de Naciones de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); han realizado importantes publicaciones que ponen énfasis en los controles para garantizar que los programas de ayuda económica se lleven a cabo sin irregularidades. En el caso de la OCDE, el artículo titulado “Integridad Pública para una efectiva para una efectiva respuesta y recuperación del COVID-19”, sugiere medidas de aplicación inmediata como, asegurarse que las oficinas de auditoría externa e interna cuenten con los recursos financieros y funciones necesarias para contribuir al control de gastos durante la crisis (OCDE, 2020). Por otro lado, se menciona que, a largo plazo, las EFS podrían: “(…) apoyar a los centros de gobierno y otras organizaciones públicas, a identificar e interpretar evidencia que permita formular políticas y mejorar la capacidad gubernamental de actual en tiempo real ante diversas problemáticas y riesgos” (OCDE, 2020, p. 8).

A más de coincidir con la relevancia de la fiscalización a estos programas, la UNODC (2020) en su artículo “Rendición de cuentas y prevención de la corrupción en la adquisición y distribución de paquetes de rescate económico durante y post COVID-19”, recomienda a las instituciones públicas, tener objetivos claros y criterios de transparencia para identificar a los beneficiarios, considerar los riesgos en la segmentación de beneficiarios, prever los canales de comunicación para llegar a los beneficiarios y el uso de la tecnología para facilitar los desembolsos. La verificación de estos criterios puede ser relevante para las auditorías que realicen los órganos de control.

Con esa mirada, la Contraloría General del Estado del Ecuador, en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional, ha incorporado en la planificación operativa 2020, una auditoría coordinada a los programas de ayudas económicas en la región en el marco del COVID-19. Esta auditoría, tendrá a su vez, una mirada transversal a la Agenda 2030, contemplando los Objetivos de Desarrollo 1 “Fin de la Pobreza, y 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. Ello tomando, en cuenta que como se ha expuesto, los recursos de los programas para paliar la pobreza se podrían ver afectados por actos de fraude y corrupción.

En ese marco, iniciativas como las auditorías coordinadas, han demostrado anteriormente, el valor agregado de la fiscalización, no solo con la identificación de vulneraciones a los controles, sino con la presentación de buenas prácticas en la gestión de recursos públicos. Asimismo, permiten el intercambio de experiencias y metodologías, impactando positivamente al control gubernamental.

Nota: El GTCT fue creado en abril del 2019 en la OLACEFS, como una forma de hacer frente a la dimensión transnacional de la corrupción, desde el mandato de las EFS desde el mandato de las EFS.

Sobre el autor

Antuan Barquet Guillen es Graduado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, Guayaquil – Ecuador. Especialista en Cooperación Internacional, Proyectos, Programas y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset. Desde, septiembre de 2015, funge como Coordinador Nacional de Asuntos Internacionales de la Contraloría General del Ecuador.

Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú
Presidente de la OLACEFS

La pandemia por enfermedad de coronavirus (Covid-19) que sufren los países en la actualidad ha traído como consecuencia nuevos planteamientos y acciones inmediatas de las instituciones públicas, así como de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. En el siguiente artículo se expondrá respecto al Control Concurrente aplicado por la Contraloría General de la República del Perú y sus principales resultados en la contribución del adecuado uso de los recursos públicos, destacando como prioridad, garantizar una respuesta rápida por parte del Estado en beneficio de la ciudadanía y oportunidades de mejora en la gestión pública.

Cabe destacar que el Control Concurrente en el Perú fue aprobado por ley en el año 2017, y todo este tiempo se ha venido ampliando su intervención para cubrir mayor cantidad de proyectos que usan fondos públicos, por tanto, la experiencia nos demuestra que sus beneficios son significativos.

La Contraloría General de la República del Perú (CGR), en el marco de pandemia por el Covid-19 y como prioridad ante la nueva situación que azotó al país, creó el Grupo de Gestión ante la Emergencia, el cual diseñó una estrategia de control integral de los recursos que el Gobierno ha dispuesto para financiar las medidas de contención y reactivación económica que supera los 79 mil 300 millones de soles (unos 23 mil millones de dólares). La estrategia recibe el nombre de “Mega Operativo de Control Emergencia Sanitaria 2020”, el cual comprende el despliegue nacional de más de 1600 auditores de diferentes especialidades y visitas a más de 1400 entidades públicas.

Para garantizar un control oportuno, preventivo, proactivo y propositivo, la CGR además del uso intensivo de tecnologías estableció las bases para la creación de un marco normativo para el control concurrente ante la emergencia. De esta manera, rápidamente se realizaron coordinaciones con el Poder Ejecutivo y Legislativo, exponiendo la necesidad de aplicar dicho tipo de control en la emergencia nacional. Así, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 31016. A partir de esta medida se iniciaron las acciones de Control Concurrente durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Con el marco legal y la planificación adecuada, la Entidad Fiscalizadora Superior del Perú ha aplicado el Control Concurrente en el marco de la pandemia. Este tipo de control tiene la finalidad de que las entidades públicas (y la ciudadanía en general) tengan conocimiento de las situaciones adversas, previamente identificadas por los equipos especializados y apliquen a tiempo y de forma oportuna, las medidas correctivas para así, garantizar la correcta ejecución de las contrataciones de bienes y servicios en la Emergencia Sanitaria.

Las posibles situaciones de riesgo son identificadas a través de hitos, donde el control es determinante para lograr hacer recomendaciones oportunas, y ello se hace a través de la implementación de un proceso de acompañamiento sistemático y multidisciplinario por parte del personal de la CGR, con la finalidad de que la entidad pública tome medidas correctivas. Gracias a ello, el Control Concurrente constituye un apoyo y asistencia a las instituciones públicas y servidores. Además, este tipo de control incluye un componente y de transparencia y comunicación a la población respecto a las decisiones, riesgos y aspectos a mejorar en las distintas intervenciones públicas.

Al 19 de junio del 2020, la CGR ha emitido 5940 informes de control respecto al Control Simultáneo en el marco de la emergencia sanitaria, de los cuales 2381 corresponden al Control Concurrente. Estos informes fueron realizados en las 25 regiones del Perú, 196 provincias y 1553 distritos. Todos los informes se difunden en la plataforma informática de la CGR, constituyendo un insumo importante para la población y la opinión pública respecto a las decisiones, riesgos y aspectos a mejorar en las distintas intervenciones.

La aplicación del Control Concurrente ha permitido que se mejoren los procesos de compra y distribuciones de las canastas con insumos de primera necesidad para las personas más pobres; que se emplee un adecuado equipamiento y adecuación de espacios en centros hospitalarios; que se genere un ordenamiento en los centros de abastos, se trabaje en la planificación de la prevención y control del covid-19 en los trabajadores de las entidades públicas; que se efectúe un mejor proceso de desinfección del transporte público, contribuyendo en general, a que se mejoren los servicios para la ciudadanía y se mitiguen los efectos ocasionados por la pandemia; entre otros.

Finalmente, es importante destacar que la creación de la plataforma “Monitor de Control y Transparencia” corresponde a la estrategia de control de ante el COVID-19, la que posee cuatro objetivos enfocados en “Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud; “Apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social;, “Ayudar a la implementación de las medidas de contención de la emergencia sanitaria”; y, “Contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica”.

Para más información, visite: https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/

Acerca del autor

Nelson Eduardo Shack Yalta, es Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, Director Nacional del Presupuesto Público del Perú y Director del Banco de la Nación.

También se ha desempeñado como Coordinador del Proyecto para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia en el Perú, un proyecto de modernización de la Administración de Justicia que se ejecutó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial.

Ha sido Consultor Internacional y ha realizado trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la Región (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) en temas de Presupuestos por Programas y por Resultados, Programación Multianual, Presupuesto Participativo, Planeación Estratégica, Programación de Inversiones, Adquisiciones Públicas, Auditorias de Desempeño y desarrollo de Evaluaciones de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) y Estudios de Análisis de la Calidad del Gasto Público en áreas de Seguridad y Justicia.

Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial del Perú y Presidente de la Asociación Nacional Invierte Perú – ANIP, una asociación sin fines de lucro que reúne a profesionales para generar espacios de análisis, reflexión y acción para gestionar y compartir el conocimiento de la gestión de la inversión pública y su relación con los sistemas de planeamiento, presupuesto y contrataciones públicas.

Desde el 20 de julio de 2017 es el Contralor General de la República del Perú.

Por Marie-Hélène Bérubé
Oficial de Programas de Igualdad de Género y Ética de la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de cuentas (CAAF), y
Petra Schirnhofer
Gerente de la Dependencia de Apoyo Estratégico, Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)

Los impactos de la pandemia COVID-19 afectan a todos en todo el mundo. Debido a las desigualdades de larga data, muchos impactos, incluidos los sobre la salud, la economía y la esfera social, están afectando más a las mujeres, las niñas y las poblaciones marginadas. La evidencia preliminar muestra que la crisis está profundizando las desigualdades existentes y socavando el progreso difícilmente ganado en la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) pueden ayudar a revertir esta tendencia. Dado que las EFS responsabilizan a los gobiernos por las respuestas nacionales a la pandemia, la aplicación de una perspectiva de género a las auditorías puede ayudar a determinar cómo se ven afectadas las mujeres, las niñas y las poblaciones marginadas y puede conducir a recomendaciones informadas para ayudar a mejorar los programas gubernamentales.

Este artículo examina cómo las EFS pueden desempeñar un papel positivo durante esta crisis y marcar la diferencia en la vida de todos los ciudadanos.

Por qué el Género Importa en Tiempos de Crisis

Durante una pandemia, se observan varios impactos sanitarios, económicos y sociales en los ciudadanos, particularmente en las mujeres, las niñas y las poblaciones marginadas, como las personas con discapacidad, las minorías raciales y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, los gobiernos han observado una escalada de violencia de género y abuso infantil durante el encierro; niveles intensificados de ansiedad y estrés experimentados por los trabajadores de primera línea (predominantemente mujeres); y mayores niveles de desempleo (las mujeres están particularmente en riesgo, ya que ocupan la mayoría de los puestos informales y de salarios más bajos que carecen de seguridad laboral).

En muchos países, los impactos de la pandemia se suman al contexto de pobreza e inseguridad y dañarán aún más a las mujeres y niñas que ya experimentan diferentes formas de desigualdades y discriminación.

Para contrarrestar el riesgo de mayores desigualdades de género, la protección social y el apoyo son vitales. La investigación indica que en tiempos de crisis aumenta la probabilidad de que las niñas abandonen la escuela para realizar un trabajo no remunerado para apoyar a las familias, al igual que los embarazos y los casos de abuso sexual. Los estudios también muestran que el cierre de escuelas y guarderías tendrán un impacto desproporcionado en las mujeres, ya que la carga del trabajo no remunerado y la atención familiar recaen en gran medida sobre las mujeres y las niñas en muchas sociedades.

Los gobiernos pueden responder eficazmente realizando análisis basados en el género, utilizando herramientas de presupuestación de género y asegurando que las voces de las mujeres, las niñas y los grupos marginados se incluyan en los procesos de toma de decisiones. Tales acciones, que ayudan a prevenir el refuerzo de las normas y estereotipos de género existentes y el empeoramiento de las desigualdades, pueden convertir las respuestas pandémicas en oportunidades que desafíen y transformen las desigualdades de género.

Cómo las EFS pueden marcar la diferencia

A medida que los gobiernos se apresuran a implementar respuestas a gran escala a la crisis, las EFS, más que nunca, son pilares de rendición de cuentas (ver “Rendición de cuentas en tiempos de crisis” publicado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI). En los últimos meses, las EFS de todo el mundo han trabajado para seguir siendo resilientes y flexibles, y muchas han refinado o reenfocado las prioridades y enfoques de auditoría en circunstancias difíciles (destacando la importancia particular de emplear un enfoque de auditoría basado en el riesgo). Al integrar una dimensión de género al trabajo de auditoría, las EFS pueden ayudar a los gobiernos a garantizar que las respuestas nacionales reflejen las necesidades y las voces de las mujeres, las niñas y los grupos marginados.

Numerosas EFS han aplicado recientemente una perspectiva de género en las auditorías, especialmente en la preparación de auditorías para la implementación del Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La igualdad e inclusión de género está consagrada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que considera a todos los segmentos de la sociedad independientemente de su raza, género, etnia e identidad.

A medida que las EFS se embarcan en la auditoría de las respuestas nacionales a la pandemia COVID-19, es igualmente importante incorporar la igualdad de género y la inclusión en todo el proceso de auditoría. Esto mejora el impacto de la auditoría, ayuda a determinar si los ciudadanos reciben asistencia por igual y ayuda a las EFS a proporcionar recomendaciones informadas para mejorar. Las consideraciones clave para las EFS incluyen:

Planificación y análisis — Examen si los gobiernos han realizado análisis de género en el diseño de respuestas ante una pandemia y si han investigado los diversos impactos que los compromisos pueden tener sobre las mujeres, las niñas y los grupos marginados.

Toma de decisiones — Comprender cómo se toman las decisiones gubernamentales, quién participa en los procesos de toma de decisiones y qué mecanismos existen para garantizar que las mujeres, las niñas y los grupos marginados estén bien representados.

Cumplimiento legal y regulatorio — Evaluar hasta qué punto las nuevas medidas y programas gubernamentales se adhieren a los derechos humanos y de las mujeres y cumplen con las leyes y regulaciones de igualdad de género existentes, que incluyen muchas áreas, como la violencia doméstica y de género, el acoso sexual, las normas laborales y la atención médica.

Monitoreo y evaluación — Determinar si (y qué tan bien) los gobiernos están recolectando datos desglosados sobre accesibilidad ciudadana para apoyar programas y si los datos se utilizan para monitorear diferentes resultados para diferentes grupos.

Estas consideraciones clave permiten a las EFS formular preguntas al auditar las respuestas nacionales a la pandemia COVID-19, tales como:

Paquetes de protección social y estímulo económico

• ¿Las transferencias de efectivo, otras medidas de protección social y los paquetes de estímulo económico llegan de manera eficiente y efectiva a los grupos objetivo?
• ¿Brindan los gobiernos apoyo financiero a los grupos marginados que trabajan en sectores que no tienen disposiciones para el seguro de salud y la protección social?
• ¿Cómo apoyan los gobiernos a los padres, principalmente a las mujeres y a los padres solteros, cuyo trabajo es en gran parte no remunerado?

Sistemas y programas de salud

• Como los informes de la Organización Mundial de la Salud indican que los hombres son más propensos a morir por el virus COVID-19 y las mujeres representan aproximadamente el 70% de los trabajadores sociales y de atención médica a nivel mundial, ¿cómo están respondiendo los gobiernos a las necesidades únicas de cada género?
• ¿Cómo están apoyando los gobiernos otros servicios críticos, como el acceso a la atención de salud materna y mental?

Violencia de género

• Reconociendo los niveles elevados de violencia doméstica y de género durante el encierro, ¿cómo abordan los gobiernos la prevención, así como la implementación y el apoyo de las medidas de gestión de riesgos?
• ¿Proporcionan los gobiernos servicios (líneas de ayuda, refugios, programas de salud mental) que aborden todas las necesidades de los ciudadanos?

La realización de auditorías que incorporan enfoque de género proporciona acceso a datos desglosados por sexo, edad, ubicación y otras categorías. Esta información ayuda a abordar las brechas de datos y a los gobiernos a recopilar más estadísticas para informar mejor el trabajo futuro.

La divulgación de las EFS a las partes interesadas relevantes (como gobiernos, socios de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y grupos que trabajan en cuestiones de género, derechos de la mujer e inclusión) es esencial para aplicar una perspectiva de género en cualquier auditoría. El diálogo activo ayuda a comprender las respuestas generales, evaluar los riesgos primarios y realizar trabajos de auditoría que agreguen el mayor valor posible.

Conclusión

Dado que la actual pandemia mantiene un estrecho control sobre el mundo con enormes repercusiones sociales y económicos a nivel mundial, la rendición de cuentas y la supervisión siguen siendo cruciales.

Las EFS, a través de auditorías e informes oportunos y relevantes, pueden influir significativamente en las respuestas nacionales a la pandemia. Sin embargo, para lograr un verdadero cambio en la vida de todos los ciudadanos, integrar una perspectiva de género en el trabajo de auditoría es vital y particularmente importante en tiempos de crisis, a medida que se intensifican los desafíos sociales, económicos y de salud.

La pandemia de COVID-19 es un momento desafiante para todos y nos pide que contribuyamos cuando y donde podamos para construir sociedades más igualitarias y resilientes para el futuro.

Contactos

Contacte a Marie-Hélène Bérubé en mhberube@caaf-fcar.ca y Petra Schirnhofer en petra.schirnhofer@idi.no para más información sobre este artículo

Lecturas adicionales

Obtenga más información sobre COVID-19 y los impactos sobre el género en las siguientes publicaciones de ONU Mujeres (2020):

• Informe sobre políticas: El impacto de Covid-19 en las mujeres
• COVID-19: datos de género emergentes y por qué es importante

Los autores

Marie-Hélène se unió a la Fundación en septiembre de 2018.Tiene una maestría en globalización y desarrollo internacional de la Universidad de Ottawa. Durante sus estudios, tuvo un gran interés en las cuestiones de género, específicamente la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como especialista en Ética e Igualdad de Género, Marie-Hélène está desarrollando capacitación y herramientas y trabajando con los participantes en nuestros programas internacionales para ayudarlos a comprender mejor los problemas de igualdad de género y cómo pueden ser considerados en las auditorías de desempeño. También participa activamente en la creación de redes y asociaciones con las partes interesadas claves.

Antes de unirse a la Fundación, trabajó durante más de cinco años en el extranjero con las ONG en Perú, Marruecos e India como asesora de igualdad de género. Ella apoyó a organizaciones nacionales, desarrollando herramientas, capacitación y estrategias para integrar el enfoque de género tanto a nivel de proyecto como institucional.

Petra Schirnhofer es gerente de la Unidad de Apoyo Estratégico de la Iniciativa para Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Entre las cuestiones que cubre estratégicamente está la integración de una perspectiva de género en todo el trabajo de IDI en su período del Plan Estratégico (2019-2023).

En más de 15 años de experiencia profesional global, ha cubierto una amplia gama de experiencia que incluye gestión de finanzas públicas, igualdad de género, cuestiones de gobernanza, así como gestión de programas y proyectos.

Ha trabajado en varios países para y con diferentes instituciones, incluidas las instituciones europeas y de las Naciones Unidas, relaciones exteriores y las OSC. Le gusta liderar y trabajar con equipos multiculturales y le ha apasionado abordar la desigualdad de género a lo largo de su carrera.

Petra tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Viena y una maestría en Economía Política Internacional de la Universidad of Kent.

Ella habla varios idiomas, incluyendo alemán, inglés, francés y algo de español. Actualmente reside en Bruselas como empleada regional de IDI.

Ministro Augusto Nardes
Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS

Estimados/as colegas, amigas y amigos de la OLACEFS,

Como Presidente del Comité de Creación de Capacidades (CCC), me gustaría compartir una palabra de solidaridad con nuestra comunidad OLACEFS en este momento tan difícil en que tenemos que enfrentar los desafíos generados por la pandemia del Covid19. Estamos seguros de que el rol de las EFS es fundamental para garantizar la efectividad de las medidas tomadas por los gobiernos en el enfrentamiento de esta crisis sanitaria y económica. La capacitación, cabe destacar, es seguramente uno de los elementos estratégicos para generar cuadros técnicos capaces de actuar eficientemente en la fiscalización de los gastos y políticas públicas.

Es en este contexto de creación de capacidades que nos gustaría recordar a todos sobre uno de los bienes públicos globales más interesantes que el CCC, y la OLACEFS, ofrecen a nuestra región y a toda la INTOSAI. Se trata del massive open online course (MOOC) sobre la Agenda 2030 y el rol de las EFS en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta iniciativa, promovida en el año de 2019, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), tiene como objetivo capacitar a los profesionales para que puedan comprender el concepto y las características de la Agenda 2030, así como proveer informaciones que auxilien en la realización de auditorías en el ámbito del programa de los ODS.

Sabemos que la crisis sanitaria actual impone muchos desafíos a la sociedad, a nivel personal y profesional, ante los que debemos responder con creatividad y proactividad. Así, destacamos la creación de capacidades como una poderosa y útil herramienta para estimular la productividad de los profesionales, con la finalidad de impactar positivamente en su desarrollo y en el incremento de sus habilidades y competencias.

El curso virtual, en formato de MOOC (Massive Open Online Course), dispone de libre acceso a todas las personas interesadas, sin limitación de cantidad de participantes, y cuenta con versiones en tres idiomas: inglés, español y portugués.

Cabe destacar que el formato MOOC (Massive Open Online Course o Curso Abierto y Masivo por la Internet) es una modalidad de educación a distancia que presupone un acceso libre a cualquier interesado y, además, una escalabilidad, es decir, está proyectado para soportar un número indefinido de participantes. Para no ser necesariamente la presencia de un tutor, el MOOC sobre los ODS y el rol de las EFS en su implementación fue desarrollado con tecnologías pedagógicas innovadoras, tales como avatares, videos, gamificación, storytelling, juego educativo, evaluación por pares, entre otras. Al final de curso, el participante será capaz de identificar el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) al fiscalizar las entidades gubernamentales encargadas de implementar planes y políticas para el logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), explicar las principales características de los ODS, identificar el papel que los gobiernos nacionales poseen en esta nueva agenda y, conocer y aplicar elementos de una auditoría de desempeño para evaluar la preparación de los gobiernos nacionales para implementar los ODS.

Para más información y acceso al MOOC “Los ODS y las EFS”, ingresa a:

https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=32179

https://www.youtube.com/watch?v=12iD1kgIyB0&t=

Acerca del autor:

El Ministro Joao Augusto Ribeiro Nardes es graduado en Administración de Empresas de Fundames (ahora Universidad de la Regional Integrada Alto Uruguay y Misiones), en San Angelo, y tiene un título de grado en la política de desarrollo y Máster en Estudios del Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo en Ginebra, Suiza.

Además, ha ejercido el cargo de ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil desde el 20 de septiembre de 2005, lo que le ha permitido actuar en la protección de los derechos de las personas en Brasil.

Actualmente, es Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS desde el año 2016, y fue Presidente de la OLACEFS entre los años 2013 y 2015.

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS

Las crisis son también momentos de reflexión. Esta pandemia debería dejarnos muchas enseñanzas respecto del medio ambiente, de la vida en sociedad, y por supuesto, del Estado y su funcionamiento. Por una parte, deberemos revalorar a las personas que ejecutan servicios públicos que son indispensables, como la recolección de aseo domiciliario, cajeros en el comercio, atención de público en ventanillas, el rol de los educadores, entre otros. Desde nuestro ámbito, nos corresponde enfatizar la importancia del control público para la democracia y, por ende, el cuidado de los recursos públicos en tiempos de pandemia.

Durante este periodo, la Contraloría ha debido armonizar tres elementos: cómo proteger la salud de sus funcionarios/as; cómo seguir realizando sus labores, de la mejor manera posible; y cómo llevar a cabo las tareas de control, sin interferir en el trabajo de aquellos que están luchando directamente contra la pandemia. Para lograr este difícil equilibrio hemos aplicado tres conceptos en nuestro quehacer:

Oportunidad y sentido de urgencia. En todas nuestras funciones, el control ha debido adecuarse a la necesidad de dar respuestas oportunas y urgentes ─imprescindibles para el funcionamiento del Estado─ desde la revisión de legalidad de decretos y resoluciones que requieren toma de razón, dictámenes que habilitan la flexibilidad horaria y el teletrabajo; pasando además por inspecciones presenciales; hasta la priorización de auditorías vinculadas con la pandemia. Frente a eso, el ejercicio del control externo, lejos de observarse como un obstáculo, constituye una garantía de que las decisiones fueron adoptadas de manera legal y con resguardo del patrimonio público, que tiene como respaldo el ejercicio autónomo de las facultades de la Contraloría General.

Inteligencia y tecnología. La Contraloría se adaptó rápidamente al teletrabajo, gracias a la experiencia de un programa piloto implementado el año pasado, que demostró que muchas funciones podían realizarse remotamente tomando ciertos resguardos de seguridad con la tecnología adecuada, que ya veníamos desarrollando y adoptando. Debemos destacar además el avance en la tramitación electrónica, que hoy alcanza a más del 90% de la documentación y asimismo el trabajo con bases de datos, tanto propias como de otros servicios públicos, lo que ha permitido la realización de auditorías apoyadas en inteligencia artificial. Si antes la auditoría era presencial y se basaba en una muestra no estadística de las operaciones financieras, con el acceso a las bases de datos y el uso de algoritmos, la muestra alcanza el 100% de las transacciones y puede realizarse de forma remota. Evidentemente, este es un camino en construcción, pero ya llevamos varios metros adelantados en el uso del big data.

Transparencia. Más allá de la obligación legal, la transparencia ayuda a construir confianzas, por eso, al poco tiempo de decretado el estado de catástrofe construimos un sitio electrónico que da cuenta de cómo el Estado, y en particular, la Contraloría, están actuando frente a esta pandemia. Lo anterior se suma al esfuerzo del portal Transparencia Proactiva que entrega información de interés público sobre la institución.

No existe un órgano de control externo en el mundo que haya estado preparado para ejercer sus labores bajo las condiciones que ha impuesto la pandemia. Por lo mismo, no existe un experto en control administrativo en tiempos de pandemia. No obstante, es posible plantear tres reflexiones finales desde nuestra experiencia.

El control público es inherente al funcionamiento del Estado democrático y debe ser ejercido de todas maneras, aun en tiempos de pandemia, pero el control no puede operar como un paralizante de la acción de los servicios públicos; el fin justifica sólo medios legales y democráticos, los que se ven validados cuando existe control y son legitimados cuando estos se transparentan; y finalmente, no puede haber una vuelta atrás para la Contraloría después de que acabe este estado de catástrofe, en el sentido que nuestra forma de trabajo deberá profundizar la flexibilidad y orientarse a resultados de calidad, los procedimientos deberán tender a ser totalmente electrónicos y el uso del big data deberá seguir incorporándose en todas nuestras funciones.

Todo esto con un solo norte: por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, incluso en tiempos de pandemia.

Acerca del autor:

A contar del 17 de diciembre de 2015, el Contralor General de la República es el abogado Jorge Bermúdez Soto, quien hasta ese momento se desempeñaba como académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

El actual Contralor es Licenciado en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1993), Master en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid (1996) y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1998). Posteriormente realiza estudios de Post-doctorado en Derecho Ambiental, en la Universidad de Giessen (Alemania) (2002-2003) y en la Universidad de Heidelberg, Alemania (2012).

En cuanto a su experiencia académica, es profesor de pregrado y postgrado en Derecho Administrativo y Ambiental, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (desde 2003, titular desde 2011).

Ha trabajado en el sector público, como funcionario de diversas instituciones de la Administración del Estado: Corporación Nacional Forestal, Consejo de Defensa del Estado y División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca. Además, ha sido asesor jurídico de diversas entidades estatales y organizaciones internacionales.

El Contralor General ha participado en importantes foros, seminarios y congresos internacionales de su área; y ha escrito numerosos libros relacionados con el Derecho Administrativo y artículos en revistas jurídicas de Chile y el exterior. Entre ellos se destacan su autoría de los libros de “Derecho Administrativo General” y “Fundamentos de Derecho Ambiental”.

Yves Genest
Vicepresidente de Productos y Servicios
Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas. www.caaf-fcar.ca

La crisis del COVID-19 está desencadenando tiempos sin precedentes y difíciles para nuestra sociedad. Desde riesgos sustanciales de sobrecargar el sistema de atención médica hasta dificultades económicas catastróficas, las repercusiones de esta crisis se sentirán en los próximos años en todas las esferas de actividad. Los auditores también se ven afectados y deben evaluar cómo se manejarán en este momento difícil. Consultamos material de varias asociaciones profesionales de auditoría y hablamos con varios profesionales de auditoría senior en todo Canadá para descubrir cómo los auditores pueden lidear con el COVID-19.

El COVID-19 presenta a los auditores algunos desafíos, pero también algunas oportunidades. Esta lista no pretende de ninguna manera ser una lista exhaustiva de todos los problemas que enfrentan los auditores en este momento de crisis.

Mantener la salud de los auditores en mente.

Los recursos humanos son el mejor activo de las oficinas de auditoría. Al igual que para otras organizaciones, la seguridad de su personal es primordial, y las oficinas de auditoría han actuado en consecuencia. Han implementado rápidamente soluciones de trabajo en el hogar con énfasis en proteger y preservar la salud de sus empleados. A medida que la crisis persiste y los empleados trabajan de forma remota e implementan medidas de distanciamiento social, las organizaciones de auditoría también deberán seguir siendo conscientes no solo del bienestar físico de sus empleados, sino también de su salud mental. Los programas de asistencia a los empleados y los esfuerzos proactivos para conectarse con los miembros del equipo para aumentar su moral también son esenciales para mantener la fuerza laboral y garantizar la continuidad de las operaciones.

Ser flexible con los auditados.

La comunicación transparente y efectiva con los auditados es siempre una prioridad para los auditores. En la época del COVID-19, esto es más cierto que nunca. Si los auditores están terminando su auditoría y validando los resultados de la auditoría, esto probablemente se puede hacer de forma remota. Pero si están comenzando una auditoría, puede ser más problemático. Es posible que tengan que moderar sus solicitudes de documentos y datos o dar más tiempo para que los auditados respondan, especialmente si los auditados están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. Además, realizar entrevistas de forma remota siempre es una posibilidad, pero será comprensiblemente más difícil. En algunos casos, pedirles a los auditados que completen un cuestionario en lugar de ser entrevistados puede ser menos intrusivo y más aceptable para ellos. En cualquier caso, esperar que las actividades de auditoría pasen a un segundo plano e incluso, en algunos casos, que los auditados soliciten que los auditores se mantengan alejados por un tiempo. En tiempos de crisis, la flexibilidad está a la orden del día.

Saber que la tecnología es el aliado de los auditores, con algunas advertencias.

Para muchos trabajadores, la tecnología ha sido providencial para ayudar a lidiar con la crisis del COVID-19. Los correos electrónicos, las unidades compartidas, las aplicaciones de administración de equipos, las tecnologías en la nube y las videoconferencias están permitiendo a los auditores continuar trabajando con auditados y compañeros de trabajo. Sin embargo, a medida que se intensifica la presencia en línea de auditores, deben permanecer vigilantes. Este mayor uso de la tecnología irá acompañado de mayores riesgos tecnológicos. Desde la sobrecarga de los sistemas de telecomunicaciones hasta las preocupaciones de seguridad cibernética, las capacidades tecnológicas de los auditores serán más vulnerables. Asegurar que las comunicaciones con los auditados y entre los miembros del equipo cumplan con los requisitos de confidencialidad y seguridad, por ejemplo, podría ser un desafío. Además, existe un riesgo emergente de mayores incidentes de ingeniería social. Los ataques de phishing disfrazados de orientación sobre el virus se multiplican y pueden afectar tanto a los auditores como a los auditados. Es esencial conocer estos riesgos y tener comunicaciones efectivas con sus servicios de TI.

Esperar retrasos.

Debido a que las actividades y eventos de muchas entidades se cancelan o retrasan, es natural que la finalización de las auditorías también se vea comprometida. Muchas organizaciones de auditoría ya han tenido esto en cuenta y están recalibrando sus planes de auditoría. Dependiendo de la flexibilidad del mandato de auditoría, los requisitos legales, las limitaciones de recursos y el acceso a los auditados, los auditores deberán ser flexibles y ajustarse. Como se indicó anteriormente, concluir las auditorías puede ser más fácil que comenzar otras nuevas hasta que las cosas se calmen. Además, mientras persiste la crisis, mantener ocupados a los equipos de auditoría puede resultar problemático. Algunas oficinas pueden considerar la asignación de personal para comenzar a realizar el trabajo preliminar para las próximas auditorías, llevar a cabo o emprender capacitación (en línea, por supuesto), o formar nuevos grupos de trabajo de metodología.

Mitigar el riesgo para auditar la calidad.

Los auditores, siempre conscientes de los estándares de auditoría, deben aumentar sus temores acerca de su capacidad para recopilar evidencia suficiente y apropiada. Aquí es donde las preocupaciones anteriores sobre la tecnología, las relaciones con los auditados y los retrasos se unen. Los auditores deben analizar detenidamente lo que son capaces de hacer en estas circunstancias. Una oportunidad que retrasa la apertura es la posibilidad de mejorar la calidad de la auditoría haciendo un análisis más profundo de la evidencia ya recopilada. Esto podría hacerse aprovechando las técnicas de análisis de datos cuantitativos o realizando análisis cualitativos que llevarían demasiado tiempo en circunstancias normales. También es posible que necesite cambiar el alcance de su auditoría para cubrir un período de actividades más restringido. El juicio profesional, como siempre, tendrá que ser utilizado.

Aprovechar la oportunidad de mejorar su comprensión de las entidades auditadas.

Los buenos auditores deben apuntar constantemente a aumentar su conocimiento de las organizaciones que están auditando. Los tiempos de crisis tienen una forma de revelar debilidades ocultas y fallas organizacionales. Esto no quiere decir que los auditores deben aprovechar la vulnerabilidad temporal de las organizaciones auditadas jugando un juego de “disparar a los heridos en el campo de batalla”. Pero deben permanecer alerta sobre las áreas de mejora que pueden volverse más evidentes cuando los auditados están bajo estrés. En particular, pueden aprender mucho observando cómo la gestión de riesgos, la implementación de los planes de continuidad del negocio, las actividades de recuperación ante desastres, las operaciones de TI y las medidas de ciberseguridad se desarrollan durante esta crisis. Esto puede proporcionar ideas para futuros temas de auditoría.

* Artículo publicado originalmente en: https://www.caaf-fcar.ca/en/performance-audit/research-and-methodology/audit-tips/en/performance-audit/audit-tips/3594-audit-tips-10

Acerca del autor:

Yves Genest fue nombrado Vicepresidente de Productos y Servicios, a partir del 15 de mayo de 2017. El Sr. Genest es responsable de dirigir la auditoría de rendimiento de la organización y los productos y servicios de supervisión parlamentaria, incluyendo la capacitación, el desarrollo profesional, la divulgación en la comunidad, la investigación y el desarrollo de metodologías.

El Sr. Genest es un profesional de la auditoría con experiencia, habiendo trabajado en diversas organizaciones y oficinas durante los últimos treinta años. Antes de incorporarse a la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas, ocupó el cargo de Director Ejecutivo de Auditoría y Evaluación en Shared Services Canadá, donde dirigió el establecimiento de la función de auditoría y evaluación en el departamento recién creado. Allí puso en práctica una metodología de vanguardia para los sistemas en desarrollo de auditorías, dirigió iniciativas horizontales relacionadas con la seguridad de la tecnología de la información y la recuperación en caso de desastre con los jefes de auditoría de numerosos departamentos asociados, y dirigió la innovación dentro de su unidad en el ámbito de la automatización de las auditorías.

Antes de incorporarse a Shared Services Canadá, el Sr. Genest fue Director General de la Dirección de Auditoría de la Comisión de Administración Pública del Canadá, donde dirigió el establecimiento de una nueva función de auditoría, un marco de gestión de la calidad y un proceso de planificación estratégica de la auditoría basada en los riesgos para el PSC.

El Sr. Genest también tiene una amplia experiencia en la comunidad de auditoría legislativa, ya que ha trabajado en la Oficina del Auditor General del Canadá durante más de quince años, primero como Auditor Superior, luego como Director de Medición de Resultados y finalmente como Director de Desarrollo de Prácticas. En este último cargo, se le encomendó la tarea de garantizar que las normas profesionales, las políticas y la orientación de la Oficina del Auditor General para las auditorías de resultados respondieran a las necesidades de la Oficina.

El Sr. Genest tiene una maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas.

Sebastián Gil
Gerente de Desarrollo de Capacidades para OLACEFS
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)

Estimados y estimadas, propongo discutir acerca de los desafíos que para la rendición de cuentas supone la situación actual del COVID 19.

El punto de partida es el documento de reciente publicación “Accountability in a time of crisis: How Supreme Audit Institutions and development partners can learn from previous crises and ensure effective responses to Covid-19 in developing countries”. Se trata de un documento desarrollado en colaboración entre la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), el Servicio de Auditoría de Sierra Leona (ASSL), la Comisión de Auditoría General de Liberia (GAC) y la Organización Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores de habla francesa (CREFIAF)

Este documento recopila hallazgos y ejemplos de auditorías relacionadas con epidemias y desastres, incluida la crisis del ébola en Sierra Leona y Liberia.

También se identifican posibles acciones que las EFS y sus socios para el desarrollo, pueden implementar para mitigar los riesgos planteados por el Covid-19. La atención se centra en los países en desarrollo, con algunas referencias particulares a los contextos que presentan los mayores desafíos.

Fundamento de la propuesta:

La crisis de Covid-19 es global y tiene un impacto masivo en todos los países en áreas como salud pública, empleo, crecimiento económico y protección social. Se requieren acciones urgentes por parte de los gobiernos, y a veces puede ser difícil equilibrar esto cuidadosamente con la responsabilidad, transparencia e integridad.

Sabemos por pandemias y desastres anteriores que las situaciones de emergencia pueden llevar a la suspensión o elusión de los sistemas de control básicos, combinados con el debilitamiento de los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión. Esto puede causar mayores niveles de desperdicio, mala administración y corrupción en un momento en que los recursos del gobierno están bajo presión.

Como respetadas instituciones de supervisión, las Entidades de Fiscalización Superior pueden desempeñar un papel clave en las diferentes etapas de una crisis como Covid-19. Al respecto, las auditorías sobre crisis anteriores – como las abarcadas en el documento referido – proporcionan lecciones claves para auditar en el marco de la crisis del coronavirus.

En líneas generales, y siempre dentro de su mandato y sus prácticas, se entiende que las acciones de las EFS se pueden agrupar en los siguientes roles:

1. Implementar auditorías adaptadas al contexto vigente;
2. Brindar asesoramiento sobre normas y reglamentos críticos;
3. Realizar auditorías en tiempo real sobre adquisiciones para verificar si los fondos se están utilizando del modo y para los fines correctos;
4. Hacer explícita la persistencia de su responsabilidad sobre las cuentas públicas nacionales – a pesar de la crisis – y su consecuente rol de supervisión general de la administración de la crisis por parte del Gobierno. Ello puede además para generar un efecto disuasorio sobre quienes vean en la crisis una oportunidad para violentar las normativas y controles, contribuyendo de modo indirecto a la salvaguarda de los fondos del gobierno y de los donantes;
5. En términos de tópicos de auditoría, pueden auditar la implementación de nuevas regulaciones y programas, como el control de infecciones o el estímulo económico, y de ese modo contribuir a acciones gubernamentales efectivas. Esto puede ayudar a identificar posibles casos de fraude, desperdicio y abuso, contrarrestar la información errónea y generar una mayor confianza en la ciudadanía y el gobierno durante una emergencia nacional; y,
6. Por último, ya con el enfoque propios de la auditoría de desempeño, la EFS puede evaluar la economía, la eficiencia, la eficacia y efectividad del uso de los fondos y de la respuesta nacional a esta situación. Va de suyo que estos informes se pueden contribuir a la rendición de cuentas vertical y horizontal, como a la identificación de lecciones para el futuro.

La consigna del blog es que se abra un espacio de interacción en el que desde el rol, mandato y contexto de las EFS de OLACEFS, intercambiemos ideas y reflexiones acerca de estos posibles roles de las EFS y sus desafíos.

Acerca del autor:

Mg Sebastián Gil es Licenciado y Master en Relaciones Internacionales, Master en Finanzas y Máster en Evaluación de Políticas Públicas.

Docente universitario y consultor especializado en Auditoria de Desempeño y Políticas Públicas. Graduado del Programa Internacional de la Fundación Canadiense de Rendición de Cuentas y Auditoría (promoción 2004/5).

Trabajó en la Auditoría General entre 1994 y 2017, contribuyendo al desarrollo y la práctica en Auditoría de Desempeño.

Desde 2018 se desempeña en la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI) – con base en la Oficina Nacional de Auditoría de Noruega – como Gerente de Desarrollo de Capacidades para OLACEFS, desde dónde trabaja sistemáticamente con las EFS y con los distintos cuerpos de OLACEFS. En términos de iniciativas específicas coordina la de “EFS en Lucha contra la Corrupción”, participa en la iniciativa “Estrategia, Desempeño, Medición e Informe” (SPMR en su sigla en inglés) y co-coordina la iniciativa “Auditoría Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles utilizando análisis de datos” (CASP), primer piloto del Modelo de Auditoría de ODS de la IDI (ISAM), cuyo equipo de desarrollo ha integrado.

Michael Hix
Director de Relaciones Internacionales, U.S. Government Accountability Office
(GAO)
Vicepresidente de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental

“Que tus elecciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos” – Nelson Mandela

“Todos tenemos una reserva insospechada de fuerza en el interior que emerge cuando la vida nos pone a prueba” – Isabel Allende

Aprecio enormemente esta oportunidad para estrechar lazos con la OLACEFS y anunciar el lanzamiento del sitio web Iniciativa COVID-19 del Comité de Política, Finanzas y Administración de la INTOSAI (PFAC por sus siglas en inglés). El Contralor General de los Estados Unidos lidera esta iniciativa como Vicepresidente del PFAC en cooperación con su Presidente y los demás miembros del comité.

Antes de profundizar en esta iniciativa y en el sitio web, me gustaría dar una perspectiva histórica que, así como los orígenes de las citas que encabezan esta entrada, comienza en Sudáfrica y nos lleva a Chile.

Hace un año, representé a la GAO en la Reunión de la Plataforma de Coordinación de Regiones de INTOSAI en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En ese momento, muchas (Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) ya habían alertado a sus gobiernos sobre las posibles consecuencias de una pandemia mundial de salud. Aún así, nadie podría haber imaginado que estaríamos en esta situación un año después.

En Ciudad del Cabo, la generosidad y la amabilidad de nuestro anfitrión, el Auditor General Makwetu, su personal y el pueblo sudafricano causaron una gran impresión que perduró en el tiempo, al igual que el espíritu de colaboración y apoyo mutuo entre los órganos de la INTOSAI, grupos regionales y la iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI).

Durante una discusión acerca de la comunicación dentro de INTOSAI, mi colega Osvaldo Rudloff Pulgar de la Contraloría General de la República de Chile habló sobre la necesidad de mejorar la comunicación entre INTOSAI y sus organismos regionales. Le dije a Osvaldo que maximizaríamos el papel de GAO como Vicepresidencia del Comité de Política, Finanzas y Administración de la INTOSAI y Presidentes de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental para mejorar la comunicación en toda la INTOSAI.

El PFAC ha cumplido ese compromiso al publicar el Informe de mitad de período sobre el desempeño la y rendición de cuentas de la INTOSAI en todos los idiomas oficiales de la nuestra organización internacional. El informe documenta el progreso en el cumplimento del Plan Estratégico de la INTOSAI e incluye aportes de todos los organismos globales y regionales de la organización. Este informe identificó específicamente el reconocimiento de los logros, la importancia y las necesidades de los grupos regionales de la INTOSAI, especialmente respecto a la comunicación, los recursos y la tecnología, como un tema para consideración de la Junta Directiva de la INTOSAI.

Como Presidencia de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental, la GAO también ha actuado en ese compromiso al asistir y cubrir reuniones en casi todos los organismos mundiales y regionales de la INTOSAI, incluidos los de la OLACEFS, con énfasis en el uso de las redes sociales para compartir información y mejores prácticas en toda la INTOSAI.

Más recientemente, la GAO colaboró ​​con la Contraloría General de la República de Chile y OLACEFS compartiendo información sobre medidas de precaución de salud y procedimientos operativos de las EFS durante la pandemia, así como participando en un Webinario de OLACEFS para discutir la Iniciativa PFAC COVID-19.

Y esto nos lleva a Chile y la amable invitación a anunciar el lanzamiento de la Iniciativa PFAC COVID-19 a través de este blog. Al igual que muchas EFS, la GAO ha realizado sin problemas una transición a casi un 100% de teletrabajo. Estamos realizando de manera activa nuestro trabajo para el Congreso de los Estados Unidos y para nuestra ciudadanía y hemos iniciado más de 30 auditorías sobre la preparación y respuesta de nuestro gobierno a la pandemia. Asimismo, entendemos que la pandemia plantea desafíos para llevar a cabo el trabajo de la INTOSAI y que muchas EFS se han enfrentado a desafíos operativos durante la pandemia.

Es por eso que esta iniciativa busca mantener la continuidad de las operaciones dentro de la INTOSAI, ayudar a las EFS con la continuidad de sus operaciones compartiendo y movilizando recursos y enfocándose en las lecciones aprendidas para prevenir situaciones similares en el futuro. La iniciativa tiene como base nuestra creencia que (1) nuestros gobiernos y ciudadanía necesitan EFS fuertes, competentes y efectivas en nuestro entorno actual y (2) que esta necesidad solo aumentará en el futuro.

El sitio web de la iniciativa tiene enlaces y recursos aportados por una amplia gama de miembros de la INTOSAI y partes interesadas externas y está organizado en torno a los temas de continuidad de operaciones de la INTOSAI, recursos para las EFS y lecciones aprendidas. Aceptamos contribuciones adicionales de todas las partes interesadas y actualizaremos de manera continua el sitio web a medida que la información esté disponible. Nos entusiasma esta oportunidad única de colaborar con la INTOSAI y sus organismos regionales durante estas circunstancias difíciles y agradecemos sus contribuciones.

Esta iniciativa del PFAC en relación con el COVID-19 pretende convertirse en un esfuerzo de largo plazo dirigido por el Presidente de la INTOSAI y la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia, bajo los auspicios del Comité de Supervisión de Asuntos Emergentes (SCEI por sus siglas en inglés) de la INTOSAI. La GAO se ha coordinado con la EFS de Rusia en esta transición y nuestro rol como Vicepresidentes del SCEI ayudará a garantizar una transición fluida y nuestro apoyo continuo.

Para finalizar, quisiera extender mi más profundo agradecimiento a mi colega Osvaldo, así como al Sr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, y al Sr. Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República del Perú por su liderazgo en la EFS de Chile y en la OLACEFS, respectivamente. Les deseo lo mejor todos y todas ustedes, sus seres queridos y sus colegas.

Ingresar al sitio web Iniciativa COVID-19

Sobre el autor

Michael Hix es Director de Relaciones Internacionales U.S. Government Accountability Office (GAO). Apoya al Contralor General de los Estados Unidos en el compromiso internacional, gestiona las relaciones multilaterales y bilaterales, dirige el Programa de Becas de Auditoría Internacional de GAO y se desempeña como Vicepresidente de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental. Sus principales áreas de interés dentro de INTOSAI incluyen el trabajo de la GAO como Vicepresidente del Comité de Política, Finanzas y Administración de INTOSAI, la Cooperación de Donantes de INTOSAI y como miembro de la Junta Directiva de INTOSAI. Posee un Magíster (M.S). en Recursos Naturales y Política Ambiental de la Universidad de Michigan y es Licenciado (B.A.) en Geología de la Universidad George Mason.

Dr. Francisco Javier Fernández
Auditor General de la Nación Argentina y Presidente de la Comisión de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC)

Como Presidente de la Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC) espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien.

Estamos viviendo un momento difícil en que la prioridad es mantener la salud y cuidarnos mutuamente. En este contexto, es innegable la importancia que tiene para todas las personas poder trabajar, así como mantener redes de contacto, para perseguir sueños, proyectos y enfrentar los desafíos que se presentan de manera profesional, responsable, fiable y técnicamente solvente.

Dependiendo de la situación, nos vemos enfrentados/as a distanciamiento social, confinamiento, cuarentena u otras medidas relacionadas con cuidar nuestra salud. Cualquiera sea el caso, esta nueva realidad plantea nuevos desafíos para continuar nuestras labores diarias.

Hoy, la tecnología es una herramienta indispensable y estratégica para acompañarnos en este proceso. Permitirá que las Entidades Fiscalizadoras Superiores enfrentemos los retos que la crisis sanitaria implica, respondiendo a los desafíos de manera responsable y comprometida con el rol de accontabillity.

La actual crisis implica un abrupto cambio y desafío profesional que la tecnología nos permite enfrentar. Es por ello que, desde la CTIC, nos propusimos aportar a este proceso y contribuir con el desarrollo de las actividades de las EFS de OLACEFS poniendo a disposición la Caja de Herramientas CTIC de Aplicaciones que facilitan el trabajo en equipo.

Esta herramienta es una recopilación de aplicaciones que podrían ser de utilidad en el plano laboral para la gestión de reuniones, comunicación y trabajo en equipo, planificación, desarrollo de tareas y para compartir conocimiento o difundir un proyecto. Esta caja de herramientas es producto de un lato análisis de distintas plataformas, teniendo como norte de selección aquellas que son de mayor utilidad atendiendo a criterios de accesibilidad, seguridad u operabilidad.

Esperamos que la caja de herramientas facilite el uso de tecnologías en nuestra gestión organizacional. Nuestro interés es que les sean útiles para mantener la calidad y el prestigio de nuestros informes, investigaciones y análisis ante este nuevo desafío que nos impone una pandemia de carácter mundial.

Desde la CTIC deseamos que esta propuesta sea también una invitación a recorrer juntos éste camino y a mantener los lazos de hermandad que caracterizan a nuestra organización.

Ver Caja de Herramientas CTIC de Aplicaciones que facilitan el trabajo en equipo.

Mariela Azofeifa Olivares,
Contraloría General de la República de Costa Rica

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son, en épocas de crisis como la provocada por la pandemia COVID-19, de las entidades con mayor credibilidad y expectativa por parte de la ciudadanía. Muchos actores de la sociedad ponen sus ojos en las labores extraordinarias que recaen sobre los órganos de control externo de la Administración Pública, casi sin distingo de país y modelo de control. El resguardo de la Hacienda Pública es un enorme reto para la eficiencia y agilidad en las compras públicas, para la correcta y oportuna ejecución presupuestaria, para la auditoría como función relevante frente el gasto público, y para la generación de normativa que permita la inversión correcta de fondos públicos en las actividades estatales que mayor demanda de acción tienen para atender la emergencia sanitaria.

Tal vez la lista de lecciones que nos va dando a las EFS la atención institucional de la pandemia parece enorme en este momento, donde los efectos no han salido por completo a la luz y cuando la ciudadanía está en medio de una batalla donde espera el auxilio estatal bajo la vigilancia de las EFS dada la crítica situación fiscal de los países de la región latinoamericana. Cuidar los fondos públicos escasos y agilizar que se gasten en lo que se requiere es un doble reto para todo el aparato estatal.

Las exigencias del control público se intensifican, en algunos casos pretendiendo la omnipresencia de las EFS en cada compra de bienes y servicios, en cada erogación de recursos públicos, en cada decisión legislativa sobre proyectos de ley para atender la emergencia. Reviste entonces especial importancia manejar adecuados flujos de información y canales de comunicación eficaces para tener claras, todas las partes, que las EFS no pueden estar en todas y cada una de las acciones públicas para paliar efectos de la pandemia pero con una adecuada estrategia sustantiva de control podemos diseñar actuaciones acorde con el entorno tan volátil y demandante.

Es ante este panorama que debemos ser más estratégicos sobre en qué momentos del control debemos realizar acciones más oportunas y pertinentes: en controles previos buscar agilizar la actividad institucional de compras públicas urgentes; en controles concomitantes atender las prioridades de control sobre la agenda infinita de temas por auditar; en controles posteriores planificar desde ya las áreas que requerirán revisión de cuentas y apoyarnos en otras instancias de control como las auditorías internas; en controles sancionatorios tener presente que, en muchos países, el marco normativo se flexibiliza ante situaciones de emergencia nacional declarada, y eso también abre portillos para quienes actúen en desapego con el marco jurídico y cometan fraudes y corrupción. Vale aquí el recordatorio a todas las partes interesadas externas sobre los canales de denuncia en caso de estar frente a la comisión de alguna irregularidad que en medio de la pandemia pueda estar ocurriendo en alguna entidad estatal.

Valorar el entorno como cambiante, como regla de principio, es fundamental. Las EFS deben continuar su actividad regular de fiscalización y no pueden descuidar las acciones extraordinarias que la pandemia implica, con los mismos recursos humanos, tecnológicos, financieros, informativos y competenciales. Eso implica entonces una optimización de todos los recursos, con especial énfasis en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, comenzando por el teletrabajo ya aplicado en muchas EFS, pasando por utilizar canales de comunicación eficaces y en línea, sin dejar de lado la importantísima cultura institucional que permea todo el accionar de la EFS. Aquí el reto es sintonizar al funcionariado, las competencias, las prioridades y los recursos en una misma melodía y lograr armonizar con el entorno, logrando que lo que hacemos esté a disposición de todos los otros actores del control: político, mediático y social.

Una lección que puede quedar a mano también de esta coyuntura es el rol auxiliar que pueda ejercer la EFS frente al Parlamento de cada país de la región, dado que no existe un órgano más preparado para dar luz sobre normas y procedimientos pertinentes en la generación de leyes y reglamentos en la institucionalidad pública que la entidad de fiscalización superior de la Nación. La función estratégica de las EFS en el entorno legislativo tiene un momento especial en emergencia nacional, cuando la premura manda y el control no puede desdeñarse, buscando un balance ideal entre respeto al principio de legalidad y logro de objetivos nacionales, en el menor tiempo y costo posible.

El monitoreo del entorno y la identificación de las partes interesadas de cada EFS permitirá también la valoración de acciones prudentes y pertinentes de control, esperadas y demandadas, por quienes esperan siempre que la EFS cumpla su rol a cabalidad. La confianza que gozan en la región las entidades de fiscalización es inversamente proporcional a la que tienen algunos gobiernos de la región y esa realidad no puede soslayarse a la hora de generar una agenda de control en medio de una emergencia sanitaria global.

Ese monitoreo del entorno sirve a su vez de base para, junto al autodiagnóstico interno, realizar un exhaustivo análisis de riesgos institucionales bajo las condiciones nacionales en torno a los procedimientos para abastecer soluciones de salud para la población en riesgo y para los afectados con la enfermedad. Habilitar un sistema de salud eficiente, eficaz y económico no es fácil en tiempos regulares, mucho menos lo va a ser en momentos críticos cuando la vida de un conciudadano puede depender del acceso a un examen de laboratorio, un diagnóstico, una medicina o una cama de hospital.

Las potestades únicas y específicas que tienen las EFS obligan a tener presente que las expectativas son grandes y es momento de volver los ojos hacia las EFS que hayan desarrollado buenas prácticas y puedan colaborar con ellas a quienes las necesiten. La revisión, consulta, intercambio y el espacio abierto para conversar sobre qué están haciendo otros órganos de control es válido y relevante en este momento histórico, sabiendo que todo lo que hacemos debe ajustarse a nuestros propios entornos institucionales y legales.

Para finalizar este listado limitado de lecciones ilimitadas, les propongo practicar un triángulo virtuoso que la ciudadanía valora que emane de las EFS: el acceso a información pública, la rendición de cuentas y la transparencia. Cuando desde nuestras trincheras institucionales podemos promover y desarrollar mecanismos que propicien esos tres principios democráticos, habremos asumido el mayor reto en medio de la crisis, que consiste en hacer nuestro trabajo y divulgarlo a todos los ciudadanos que esperan siempre seriedad, profesionalismo, compromiso y solidaridad en tiempos difíciles para con nuestros conciudadanos.

Les dejo la tarea de sumar lecciones en este blog, el cual contribuye, sin duda alguna, a los retos mencionados en este breve aporte.