Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS
Las crisis son también momentos de reflexión. Esta pandemia debería dejarnos muchas enseñanzas respecto del medio ambiente, de la vida en sociedad, y por supuesto, del Estado y su funcionamiento. Por una parte, deberemos revalorar a las personas que ejecutan servicios públicos que son indispensables, como la recolección de aseo domiciliario, cajeros en el comercio, atención de público en ventanillas, el rol de los educadores, entre otros. Desde nuestro ámbito, nos corresponde enfatizar la importancia del control público para la democracia y, por ende, el cuidado de los recursos públicos en tiempos de pandemia.
Durante este periodo, la Contraloría ha debido armonizar tres elementos: cómo proteger la salud de sus funcionarios/as; cómo seguir realizando sus labores, de la mejor manera posible; y cómo llevar a cabo las tareas de control, sin interferir en el trabajo de aquellos que están luchando directamente contra la pandemia. Para lograr este difícil equilibrio hemos aplicado tres conceptos en nuestro quehacer:
Oportunidad y sentido de urgencia. En todas nuestras funciones, el control ha debido adecuarse a la necesidad de dar respuestas oportunas y urgentes ─imprescindibles para el funcionamiento del Estado─ desde la revisión de legalidad de decretos y resoluciones que requieren toma de razón, dictámenes que habilitan la flexibilidad horaria y el teletrabajo; pasando además por inspecciones presenciales; hasta la priorización de auditorías vinculadas con la pandemia. Frente a eso, el ejercicio del control externo, lejos de observarse como un obstáculo, constituye una garantía de que las decisiones fueron adoptadas de manera legal y con resguardo del patrimonio público, que tiene como respaldo el ejercicio autónomo de las facultades de la Contraloría General.
Inteligencia y tecnología. La Contraloría se adaptó rápidamente al teletrabajo, gracias a la experiencia de un programa piloto implementado el año pasado, que demostró que muchas funciones podían realizarse remotamente tomando ciertos resguardos de seguridad con la tecnología adecuada, que ya veníamos desarrollando y adoptando. Debemos destacar además el avance en la tramitación electrónica, que hoy alcanza a más del 90% de la documentación y asimismo el trabajo con bases de datos, tanto propias como de otros servicios públicos, lo que ha permitido la realización de auditorías apoyadas en inteligencia artificial. Si antes la auditoría era presencial y se basaba en una muestra no estadística de las operaciones financieras, con el acceso a las bases de datos y el uso de algoritmos, la muestra alcanza el 100% de las transacciones y puede realizarse de forma remota. Evidentemente, este es un camino en construcción, pero ya llevamos varios metros adelantados en el uso del big data.
Transparencia. Más allá de la obligación legal, la transparencia ayuda a construir confianzas, por eso, al poco tiempo de decretado el estado de catástrofe construimos un sitio electrónico que da cuenta de cómo el Estado, y en particular, la Contraloría, están actuando frente a esta pandemia. Lo anterior se suma al esfuerzo del portal Transparencia Proactiva que entrega información de interés público sobre la institución.
No existe un órgano de control externo en el mundo que haya estado preparado para ejercer sus labores bajo las condiciones que ha impuesto la pandemia. Por lo mismo, no existe un experto en control administrativo en tiempos de pandemia. No obstante, es posible plantear tres reflexiones finales desde nuestra experiencia.
El control público es inherente al funcionamiento del Estado democrático y debe ser ejercido de todas maneras, aun en tiempos de pandemia, pero el control no puede operar como un paralizante de la acción de los servicios públicos; el fin justifica sólo medios legales y democráticos, los que se ven validados cuando existe control y son legitimados cuando estos se transparentan; y finalmente, no puede haber una vuelta atrás para la Contraloría después de que acabe este estado de catástrofe, en el sentido que nuestra forma de trabajo deberá profundizar la flexibilidad y orientarse a resultados de calidad, los procedimientos deberán tender a ser totalmente electrónicos y el uso del big data deberá seguir incorporándose en todas nuestras funciones.
Todo esto con un solo norte: por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, incluso en tiempos de pandemia.
Acerca del autor:
A contar del 17 de diciembre de 2015, el Contralor General de la República es el abogado Jorge Bermúdez Soto, quien hasta ese momento se desempeñaba como académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El actual Contralor es Licenciado en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1993), Master en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid (1996) y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1998). Posteriormente realiza estudios de Post-doctorado en Derecho Ambiental, en la Universidad de Giessen (Alemania) (2002-2003) y en la Universidad de Heidelberg, Alemania (2012).
En cuanto a su experiencia académica, es profesor de pregrado y postgrado en Derecho Administrativo y Ambiental, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (desde 2003, titular desde 2011).
Ha trabajado en el sector público, como funcionario de diversas instituciones de la Administración del Estado: Corporación Nacional Forestal, Consejo de Defensa del Estado y División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca. Además, ha sido asesor jurídico de diversas entidades estatales y organizaciones internacionales.
El Contralor General ha participado en importantes foros, seminarios y congresos internacionales de su área; y ha escrito numerosos libros relacionados con el Derecho Administrativo y artículos en revistas jurídicas de Chile y el exterior. Entre ellos se destacan su autoría de los libros de “Derecho Administrativo General” y “Fundamentos de Derecho Ambiental”.
