La Contraloría General de la República de Panamá, en conjunto con la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña, suscribieron el 17 de abril de 2020 un convenio de cooperación y apoyo para emprender una auditoría social al Programa Panamá Solidario para que llegue a la población más vulnerable, sin discriminación, partidismo político, ni intereses particulares.

«La Comisión de Justicia y Paz es un organismo que tiene como finalidad promover la justicia y la paz en la sociedad, basadas en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia mediante la investigación de la realidad y la incorporación del pueblo”

La EFS de Panamá, como miembro de OLACEFS, se mantiene activo en sus aportes tras la pandemia por el COVID- 19, como una alternativa novedosa que une a distintos países a nivel mundial para fiscalizar con transparencia los bienes y recursos del Estado.

Es importante mencionar la ardua labor que mantiene la Contraloría General de la República de Panamá en estos tiempos de emergencia nacional.

Actualmente, corresponde a la Conferencia Episcopal proporcionar el listado de personas habilitadas para ingresar las denuncias para la auditoria social por lo que, a través de la Comisión de Justicia y Paz, se está convocando a los voluntarios de la Iglesia Católica para que participen de la auditoría de las bolsas de alimentos y del bono económico social que se distribuyen a nivel nacional.

Actualmente, para cumplir con este convenio, la Iglesia Católica contará con profesionales voluntarios en sus diócesis (territorios) para establecer líneas de acción que garanticen un mecanismo de control social en el marco de la ley y cuidando que los recursos del Estado sean bien utilizados.

Esta auditoría complementará las tareas que viene ejecutando la Mesa Social en la implementación y desarrollo de los planes para mitigar, temporalmente el impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, especialmente en poblaciones vulnerables, en las familias panameñas y extranjeros que han perdido sus fuentes de ingreso.

La Contraloría habilitó, para uso exclusivo de este proyecto de auditoría social, una sección en su página web para el ingreso de denuncias y evidencias de irregularidades que se puedan presentar en todo el territorio del país.

La ciudadanía, en cualquier punto del país, podrá formular sus denuncias a los auditores sociales, aportando pruebas mediante fotos, videos y testimonios; además debe identificar el sitio, fecha y personas involucradas.

Admitida una denuncia debidamente sustentada, la primera acción será enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios y posteriormente se iniciará una investigación con las probables consecuencias jurídicas y patrimoniales.

Con la firma del convenio de cooperación y apoyo para el desarrollo de la auditoría social al Programa Panamá Solidario, el Contralor General Gerardo Solís y el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, pretenden que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos para el bien común, en esta ocasión la veeduría de la entrega de bonos y bolsas de comida.

La Contraloría General de la República de Panamá aplica todas las medidas de bioseguridad vigentes para evitar contagios y se prepara para el próximo año donde Panamá fue escogida en una votación unánime como la futura sede de la XLV Asamblea de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), a desarrollarse en junio de 2021, con el fin de promover la integración y fortalecimiento de los entes contralores.