Rodolfo Herrera Bravo
Abogado y académico especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías
www.rodolfoherrera.cl

Llegó de forma repentina y violenta. Nadie estaba preparado y dejó en evidencia nuestra fragilidad y nuestras caretas. Aun no la superamos y desconocemos sus secuelas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Cuando el mundo derrote a la pandemia Covid-19 tendremos que continuar nuestras vidas, tal vez extrañando a más de algún ser querido. Probablemente suframos angustia, depresión y ansiedad propias del estrés, del duelo, de recesiones económicas, del desempleo, de la insolvencia y, por supuesto, de la precariedad general.

Sin embargo, también hay lecciones que nos dejan las crisis, las que, si se aprovechan inteligentemente, pueden ser un revulsivo para avanzar en aspectos que se han mantenido desatendidos o a los que no se les ha dado relevancia. En particular, nos referimos a la real transformación digital del Estado y, consecuencialmente, al papel que le cabe al control de las decisiones gubernamentales en la materia. Por ello, a continuación, se presentan 5 puntos que podrían ser revisados.

1. Trámites públicos digitales, flexibles y seguros.

Esta es una de las lecciones que Chile pudo prever desde hace muchos años y no se hizo bien. Jurídicamente reconocemos el valor de las actuaciones digitales desde 2002, el Estado cuenta con tecnología, se ha preocupado de extender la conectividad a lo largo del país y los distintos gobiernos a la fecha han realizado varias iniciativas para automatizar trámites. Sin embargo, muchas de estas acciones han sido a medias, manteniendo etapas presenciales o unidas a requisitos que no se obtienen digitalmente. Incluso, la mayoría de los servicios públicos todavía no interoperan correctamente o implementan solo proyectos aislados y específicos.

También ha sido lamentable ver cómo algunas personas, especialmente las que carecen de más recursos e inmigrantes y que necesitan mayor atención del Estado, han debido llegar en masa a notarías y oficinas públicas, poniendo en riesgo su salud, con el objeto de realizar trámites ante órganos públicos que podrían haberse implementado íntegramente en línea desde hace años.

Tampoco han existido políticas públicas eficaces para masificar la identidad digital, como ha quedado demostrado con los problemas de la Clave Única en tiempos de pandemia. Asimismo, se sigue arraigando un modelo de firmas electrónicas avanzadas que dificulta el ingreso de otras modalidades de firmas electrónicas más seguras, accesibles e intuitivas para la ciudadanía, como las biométricas, por ejemplo, o con más niveles de autenticación.

Eso explica por qué, cuando tuvimos que enfrentarnos al aislamiento social tan bruscamente, fue necesario ingeniar soluciones para flexibilizar requisitos, firmar documentos a distancia y simplificar trámites por vía remota.

Sin embargo, si bien resulta sensato admitir esa flexibilidad en tiempos de pandemia, por el caso fortuito o la fuerza mayor que conlleva, es una situación excepcional que, si no se justifica correctamente, presenta el riesgo de garantizar continuidad a costa de legalidad, como regla general.

Por lo tanto, aparece un escenario en donde el control debe ser riguroso para distinguir la excepcionalidad de la crisis y no confundirla con la negligencia o ineficacia que han tenido algunos proyectos de digitalización.

2. Garantizar un derecho fundamental de acceso a redes digitales de calidad.

Ligado a lo anterior, el Estado no puede transformarse digitalmente si no garantiza el acceso a toda la población, especialmente a quienes hoy no cuentan con los medios apropiados. De lo contrario, la brecha social mantendrá las discriminaciones en el uso de la tecnología.

Durante años se ha trabajado por la conectividad y cobertura de las redes. Ahora es necesario profundizar en dos aspectos más: Por un lado, en la construcción de contenidos de calidad, sobre utilidad pública, enseñanza, informativos, culturales y de entretención, en vez de aquellos que hoy se reciben por señal abierta de televisión, motivados por la mediocridad del rating. Acá, el control tiene otro gran desafío, frente al aprovechamiento político que podrían hacer los gobiernos de turno ante esa construcción de contenidos.

Y, por el otro, toda persona debe tener reconocido un derecho de acceso gratuito a esos contenidos, con calidad mínima garantizada, sea desde dispositivos personales particulares o a través de recursos facilitados por el Estado para la población que carezca de ellos. Precisamente, el nuevo pacto social que esperamos se construya en los próximos años en Chile, debe incluir un derecho fundamental de acceso a redes digitales para cada persona, poniendo al Estado como garante.

3. Uso intensivo de teletrabajo en el Estado.

En estos días el teletrabajo ha sido un verdadero privilegio de algunos pocos que hemos podido mantenernos a resguardo, trabajando desde casa sin temor a ser despedidos, ni a exponer la salud de nuestras familias. Eso sí, no todos han podido rendir correctamente cuando las condiciones en que lo hacen no permiten separar espacios y tiempos para el trabajo, la familia y el descanso. Sin embargo, ha pasado la prueba de fuego en muchos tipos de empleo, validándose como una opción legítima, eficiente y beneficiosa, no solo para tiempos de crisis.

El teletrabajo tiene que ser impulsado en las organizaciones públicas, para todas las actividades y funciones que pueden conciliar el cumplimiento de objetivos con esta modalidad, aunque garantizando la atención de aquellos trámites que aún mantienen la presencialidad. Por ende, el control debe ingeniar modalidades de fiscalización compatibles con esta nueva realidad para no transformarse en un freno o en la excusa de las autoridades para no masificarlo.

Eso sí, es necesario enseñar a los funcionarios públicos a teletrabajar, porque demanda un orden y disciplina distinto a la rutina presencial. Además, necesita la habilitación de espacios particulares o en telecentros públicos para realizarlo, en donde no se mezclen los roles y escenarios personales con los laborales.

4. Control a la transparencia de la información oficial.

En un mundo que se está habituando a la postverdad y a la manipulación de datos, sea por los medios de comunicación o por las propias autoridades, es fundamental garantizar el control institucional y ciudadano a la información oficial que se transmite durante momentos de crisis como la que vivimos. Por ejemplo, hay países que no han sido claros y transparentes con la comunidad. Se entregan cifras oficiales que no pueden ser validadas por organismos independientes y especializados, y se han tomado decisiones con impacto directo en temas sanitarios, sin consultar a los médicos.

Dado el riesgo para la población que implica ese estilo de gobernar, el nuevo pacto social que se construya al llegar una normalidad real debería aumentar el control hacia las autoridades, exigiéndoles mayor transparencia en casos de crisis. Por ejemplo, un ente fiscalizador autónomo podría intervenir inmediatamente en las mesas de trabajo gubernamental, como veedor, que sirva como freno ante posibles manipulaciones de cifras y que sea garante de la participación deliberativa de los representantes de la sociedad civil especializada. Sería una forma de legitimar las decisiones frente a crisis tan serias como una pandemia y de escuchar la demanda social.

5. Privacidad por diseño en aplicativos que recolectan datos personales.

Finalmente, otra lección que nos deja la pandemia, a propósito de la aplicación móvil Coronapp, se refiere a la recolección de datos personales, en especial, si son sensibles, como en el caso de los referidos a enfermedades. Obviamente existen circunstancias extraordinarias en las que prima el interés público por contar con datos de salud, por ejemplo, para contener una enfermedad tan contagiosa como el Covid-19, mediante la trazabilidad. En este caso, los datos resultan esenciales para analizar el fenómeno, planificar las acciones a seguir y evaluar los resultados.

Sin embargo, el pretexto de circunstancias extraordinarias no es suficiente para que el Estado o el sector privado recolecte datos personales sin ofrecer garantías mínimas de transparencia sobre el correcto uso que darán a la información. En ese sentido, sinceramente espero que al finalizar la pandemia, sí sea normal el desarrollo de aplicaciones de recolección y tratamiento de datos personales en donde la privacidad se garantice desde el diseño, es decir, venga configurada por defecto, por ejemplo, a través de anonimización o seudonimización de datos.

De hecho, en el caso de desarrollos realizados por el Estado, considero que la privacidad desde el diseño y por defecto incluso forma parte del principio de legalidad que legitima esa actuación. Por lo tanto, acá surge otra temática que demanda un control público independiente y especializado en protección de datos personales.

En definitiva, el motivador más eficaz para posicionar la transformación digital como tema prioritario en el Estado ha sido la crisis sanitaria. Sin embargo, debe ser vista no solo como una respuesta excepcional en tiempos de contingencia, sino como una regla general a consolidar tan pronto superemos la pandemia. En ese momento, los órganos públicos de control necesitarán intervenir en escenarios diferentes, más complejos, políticamente incómodos, pero en donde son garantes esenciales para la eficacia de las políticas públicas y el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas, por parte de las autoridades de turno.

Acerca del autor

Rodolfo Herrera Bravo es abogado y académico especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías en diversas universidades de Chile. Es Máster en Derecho Informático de la Universidad Complutense de Madrid y Magister en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile (en proceso de titulación).

Actualmente, es Socio fundador Estudio Rodolfo Herrera y Asociados Ltda. y es abogado Encargado de Transparencia, Lobby y Protección de Datos en la Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile (ChileCompras).

Anteriormente fue Coordinador ministerial de transparencia en Ministerio de Educación, Gerente Legal en Pallavicini Consultores, Socio director en Pallavicini Capacitación, trabajó en la División Jurídica de Contraloría General de la República y fue Becario en Agencia de Protección de Datos de Madrid.

Entre sus logros se destacan su rol de Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, como Socio fundador de Asociación de Derecho e Informática de Chile, fue Presidente de la Agrupación de Abogados de la Contraloría General, fue Director de la Revista Derecho Público Contemporáneo y Director de la Revista Jurídica Ad Libitum.